China, paz y nuevo orden mundial: poder, democracia y economías mixtas

La Voz del Pueblo | Análisis internacional, política y economía | 22 de octubre de 2026

Hay algo que me llamó profundamente la atención mientras escuchaba el discurso pronunciado por el vicepresidente de China, Han Zheng, el pasado 26 de septiembre de 2026 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Uno de los principales representantes de un Estado gobernado por el Partido Comunista hablaba sobre la importancia de la paz mundial, el respeto entre las naciones, la cooperación económica, la diversidad cultural y la necesidad de construir un sistema internacional más justo. Sus palabras transmitían una visión que, al menos desde el discurso, parecía defender precisamente aquello que muchas sociedades llevan décadas reclamando: menos confrontaciones, mayor cooperación y un desarrollo económico que beneficie a todos.

Y debo reconocer que varios de esos planteamientos merecen ser considerados seriamente. ¿Quién podría estar en contra de reducir la pobreza, promover la educación, fortalecer el comercio internacional o impedir que los intereses de determinadas potencias terminen condicionando el desarrollo de los países más pequeños? El problema no está necesariamente en esas propuestas. El problema aparece cuando comenzamos a contrastarlas con la historia y con las decisiones que el propio Estado chino ha tomado dentro y fuera de sus fronteras. Porque una cosa es hablar de respeto a la soberanía y otra muy distinta es explicar lo ocurrido en el Tíbet, mantener abierta la posibilidad del uso de la fuerza contra Taiwán o defender la diversidad cultural mientras existen cuestionamientos internacionales por las restricciones impuestas a determinadas minorías.

Pero antes de continuar quiero establecer una posición que considero fundamental para comprender este análisis. Cuestionar las contradicciones del gobierno chino no significa que debamos convertirnos en defensores incondicionales de Estados Unidos, ni asumir que las potencias occidentales representan automáticamente la libertad, la justicia o el respeto al derecho internacional. Tampoco significa que debamos abandonar las experiencias económicas que han permitido a China transformar su estructura productiva y reducir extraordinariamente la pobreza. Sería absurdo rechazar sus avances industriales y tecnológicos solamente porque no compartimos su sistema político, así como sería profundamente equivocado justificar cualquier actuación de su gobierno porque ha conseguido importantes resultados económicos.

Precisamente esa es la dificultad de nuestros debates políticos: parece que siempre tenemos que escoger un bando. Si criticamos al Partido Comunista chino, inmediatamente se interpreta que defendemos a Estados Unidos. Si reconocemos los avances económicos de China, algunos consideran que estamos justificando el comunismo. Y si cuestionamos los excesos del capitalismo, otros asumen que nuestra intención es promover un Estado autoritario que controle las empresas y limite las libertades individuales. ¿En qué momento dejamos de analizar las políticas por sus resultados y comenzamos a defenderlas únicamente por la ideología de quienes las proponen?

Lo que quiero plantear es algo distinto. No necesitamos radicalizarnos hacia la izquierda para reconocer que el Estado cumple funciones indispensables en el desarrollo económico. Tampoco necesitamos aproximarnos a la extrema derecha para defender la propiedad privada, la iniciativa empresarial o la importancia de la seguridad jurídica. Podemos reconocer los aciertos y errores de diferentes modelos sin convertirnos en seguidores de sus dirigentes. Y, sobre todo, podemos preguntarnos qué tipo de instituciones necesitamos para que el crecimiento económico, la libertad y la justicia social dejen de presentarse como objetivos incompatibles.

China propone un nuevo equilibrio mundial, pero ¿está dispuesta a respetar las mismas reglas que exige?

Durante su intervención ante Naciones Unidas, Han Zheng presentó cuatro grandes objetivos: preservar la paz y la seguridad internacional, promover el desarrollo mediante la cooperación, respetar la diversidad de las civilizaciones y fortalecer el multilateralismo. También cuestionó el proteccionismo económico, las confrontaciones ideológicas y las intervenciones militares unilaterales que vulneran la Carta de Naciones Unidas. Su mensaje está relacionado con las iniciativas impulsadas por Xi Jinping sobre desarrollo, seguridad, cooperación entre civilizaciones y gobernanza global, mediante las cuales China busca fortalecer su influencia internacional y defender una distribución diferente del poder entre las naciones.

Hay una discusión legítima detrás de estas propuestas. Durante décadas, las instituciones internacionales han reflejado importantes asimetrías económicas y políticas. Las decisiones de las grandes potencias pueden afectar profundamente a países que tienen una capacidad limitada para influir sobre las reglas del comercio, el financiamiento o la seguridad mundial. Por eso, reclamar mayor participación para las economías emergentes y para los países del denominado Sur Global no es, por sí mismo, una postura equivocada. El problema aparece cuando confundimos una mayor distribución del poder con un sistema verdaderamente más justo.

Porque si el objetivo es simplemente sustituir la influencia predominante de Estados Unidos por la de China, ¿qué habríamos cambiado realmente? Si los países pequeños continuaran dependiendo de las decisiones económicas, militares o diplomáticas de una potencia, únicamente habríamos reemplazado a quien ejerce esa influencia. Un sistema internacional más equilibrado necesita mucho más que nuevos dirigentes o nuevas alianzas comerciales. Necesita reglas claras, mecanismos independientes para resolver controversias y garantías para que ningún país pueda utilizar su poder económico o militar como una autorización para actuar por encima de los demás.

Y aquí considero necesario ser críticos también con Occidente. Estados Unidos ha desarrollado alianzas económicas y militares que le han permitido ejercer una enorme influencia internacional. Su intervención en Irak en 2003, por ejemplo, provocó profundas controversias sobre la legalidad y legitimidad del uso de la fuerza. Ese antecedente demuestra que los principios de soberanía y respeto al derecho internacional también deben exigirse a quienes se presentan como defensores de la democracia. Pero reconocer estas contradicciones estadounidenses no convierte automáticamente en legítimas las actuaciones de China. La existencia de abusos por parte de una potencia no debería utilizarse para justificar los de otra.

El problema de fondo es nuestra tendencia a normalizar aquello que condenamos dependiendo de quién lo haga. Una intervención militar puede parecernos inaceptable cuando proviene de un gobierno contrario a nuestra ideología y justificable cuando la realiza uno con el que simpatizamos. Una restricción de derechos puede indignarnos en Occidente, pero ser presentada como una medida necesaria para garantizar estabilidad cuando ocurre en otro sistema político. Si realmente creemos en la justicia, debemos exigir los mismos principios independientemente de la bandera, el partido o el modelo económico del país involucrado.

El Tíbet: cuando el desarrollo económico no resuelve las preguntas sobre libertad y soberanía

Uno de los antecedentes más importantes para evaluar la coherencia del discurso chino se encuentra en la historia del Tíbet. En 1950, el Ejército Popular de Liberación inició una operación militar en la región tibetana de Chamdo. Durante las décadas anteriores, el Tíbet había mantenido un considerable grado de autonomía política y ejercido independencia de hecho tras la caída de la dinastía Qing en 1912, aunque no contaba con un reconocimiento internacional amplio como Estado independiente y China conservaba reclamaciones históricas de soberanía sobre el territorio. En 1951 se firmó el Acuerdo de los Diecisiete Puntos, mediante el cual se aceptó la autoridad china bajo determinados compromisos de autonomía, pero la negociación ocurrió después de la derrota militar de las fuerzas tibetanas y su legitimidad continúa siendo objeto de controversia.

La interpretación oficial de China sostiene que su intervención permitió transformar una sociedad dominada por estructuras religiosas y relaciones profundamente desiguales. Y es importante reconocer que el antiguo Tíbet no constituía una democracia moderna ni una sociedad libre de injusticias. Existían jerarquías políticas, económicas y religiosas que también merecen un análisis crítico. Sin embargo, reconocer los problemas de aquella organización social no significa que cualquier intervención militar pueda considerarse automáticamente legítima, ni que una población deba perder su capacidad de decidir sobre su futuro porque otro Estado promete mejorar sus condiciones de vida.

Durante las décadas posteriores, China impulsó inversiones importantes en carreteras, ferrocarriles, hospitales, escuelas, telecomunicaciones y sistemas energéticos. Las estadísticas oficiales muestran transformaciones materiales significativas y avances asociados a la expansión de servicios y a los programas de reducción de pobreza. Negar esos resultados sería tan poco riguroso como ignorar las controversias políticas que acompañaron el proceso. La inversión pública puede contribuir al bienestar de las comunidades, especialmente en territorios donde las condiciones geográficas dificultan el acceso a servicios esenciales. Pero el crecimiento económico no responde por sí solo a todas las preguntas sobre libertad, autonomía y derechos culturales.

En febrero de 2023, expertos independientes de Naciones Unidas expresaron preocupación por las políticas educativas que afectaban a aproximadamente un millón de niños tibetanos mediante un sistema de internados que, según su evaluación, podía favorecer la asimilación cultural y lingüística. China sostiene que estos centros permiten ampliar el acceso a la educación en regiones rurales y montañosas. Sin embargo, los especialistas cuestionaron las consecuencias de la separación familiar y las dificultades para preservar la lengua y las tradiciones tibetanas. También se han documentado preocupaciones relacionadas con programas de reasentamiento rural que, según investigaciones de organizaciones de derechos humanos, habrían incluido presiones sobre determinadas comunidades.

Y entonces debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿de qué sirve defender internacionalmente el respeto entre civilizaciones si dentro de nuestras propias fronteras no existen garantías suficientes para que todas las comunidades preserven su identidad y participen en las decisiones que afectan su territorio?

Esta reflexión también tiene una aplicación directa en América Latina. No necesitamos mirar a China para reconocer que nuestros países han enfrentado tensiones semejantes entre proyectos de desarrollo, derechos colectivos y autonomía territorial. Muchas veces se presenta una carretera, una hidroeléctrica o un proyecto extractivo como demostración suficiente de progreso, mientras las comunidades afectadas cuestionan si fueron escuchadas y si los beneficios realmente compensan los impactos sociales, ambientales o culturales. El desarrollo no debería consistir únicamente en construir infraestructura, sino también en garantizar que las personas puedan participar en las decisiones que transforman sus condiciones de vida.

Una comunidad puede necesitar mejores hospitales, escuelas y oportunidades económicas sin que eso signifique renunciar a su lengua, sus tradiciones o su identidad. Y un Estado puede tener responsabilidades de desarrollo sin convertirlas en una autorización ilimitada para imponer decisiones. Esta es una distinción que considero fundamental: el progreso material importa, pero también importa quién decide, bajo qué reglas y con qué mecanismos de control.

Taiwán, las disputas marítimas y las contradicciones de las grandes potencias

Otra de las tensiones más importantes entre el discurso chino y su política exterior se encuentra en Taiwán. Desde 1949, la isla mantiene un gobierno propio, separado de las autoridades de la China continental. Pekín sostiene que Taiwán forma parte de China y considera la reunificación un objetivo nacional, mientras que las autoridades taiwanesas rechazan que el gobierno continental tenga derecho a determinar unilateralmente su futuro político. El conflicto posee una historia jurídica y diplomática compleja, pero existe un elemento especialmente relevante: el artículo 8 de la Ley Antisecesión china, aprobada en 2005, contempla expresamente la posibilidad de emplear medios no pacíficos bajo determinadas circunstancias.

China sostiene que esta disposición busca proteger su integridad territorial e impedir una separación formal. Sin embargo, cuando un gobierno defiende ante Naciones Unidas que las diferencias internacionales deben resolverse mediante el diálogo, resulta legítimo cuestionar por qué mantiene abierta una alternativa militar frente a una población que cuenta con sus propias instituciones de gobierno. No significa desconocer las controversias históricas ni pretender resolverlas mediante una opinión editorial. Significa exigir que cualquier solución priorice la protección de la vida, la prevención de un conflicto armado y la participación de las personas directamente afectadas.

Algo semejante ocurre en el mar de China Meridional. En julio de 2016, un tribunal arbitral constituido conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar rechazó la base jurídica de determinadas reclamaciones chinas sobre derechos históricos a recursos marítimos. Es importante precisar que el tribunal no resolvió la soberanía sobre las islas disputadas ni delimitó fronteras marítimas, pero sí emitió conclusiones jurídicas sobre derechos y obligaciones derivados de la Convención. China rechazó tanto el procedimiento como el laudo, argumentando que el tribunal carecía de competencia.

Y aquí aparece otra contradicción que merece nuestra atención. ¿Cómo construimos un sistema internacional basado en reglas si los Estados más poderosos pueden rechazar los mecanismos de resolución de controversias cada vez que sus decisiones resultan contrarias a sus intereses? La respuesta no debería depender de si simpatizamos con China, Filipinas, Estados Unidos o cualquier otra nación. Lo esencial es comprender que las reglas internacionales pierden efectividad cuando su cumplimiento termina condicionado por la capacidad económica o militar de cada país.

Pero tampoco podemos utilizar estas controversias para convertir a Occidente en un ejemplo indiscutible de coherencia democrática. Las políticas exteriores de Estados Unidos y de otros gobiernos occidentales también deben estar sujetas a controles, investigaciones y cuestionamientos. Y este punto es particularmente importante frente a determinados sectores de la derecha radical que presentan cualquier incremento del poder chino como una amenaza absoluta que justificaría un enfrentamiento permanente entre bloques geopolíticos.

No necesitamos adoptar esa interpretación. Defender la democracia no implica considerar inevitable una confrontación militar o económica entre China y Occidente. Tampoco implica aceptar un nacionalismo que convierta al extranjero en enemigo o que considere toda cooperación internacional una amenaza contra la identidad nacional. La defensa de las libertades debe ser compatible con el diálogo, la diplomacia y la resolución pacífica de conflictos. De lo contrario, terminaríamos reproduciendo precisamente las prácticas de confrontación que afirmamos rechazar.

¿Puede un país hablar de libertad entre naciones cuando restringe las libertades de sus ciudadanos?

Aquí llegamos a una de las cuestiones que considero más importantes del análisis. China sostiene que cada país debe tener la libertad de elegir su sistema político y rechaza que una potencia imponga unilateralmente su modelo de gobierno sobre otra. Ese argumento tiene una dimensión legítima: las sociedades poseen historias, culturas, instituciones y condiciones económicas diferentes. No existe una fórmula universal capaz de producir resultados idénticos en todas las naciones. Pero existe una diferencia fundamental entre defender la autonomía de un Estado frente a otros países y garantizar que sus propios ciudadanos puedan cuestionar libremente a quienes lo gobiernan.

China continúa siendo un Estado dirigido por el Partido Comunista, sin competencia electoral nacional abierta entre organizaciones políticas que permita una alternancia partidista en el gobierno central. Sus autoridades defienden la estabilidad, la continuidad de sus políticas y los resultados económicos como fundamentos de legitimidad, pero organizaciones internacionales han documentado restricciones importantes sobre la libertad de expresión, la asociación independiente y distintas formas de oposición política. En 2018, además, se eliminaron los límites constitucionales de dos mandatos para la Presidencia, en un contexto de creciente concentración de poder bajo el liderazgo de Xi Jinping.

Otro antecedente relevante es la evaluación publicada en 2022 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Xinjiang. El informe identificó graves vulneraciones de derechos y señaló que determinadas prácticas de detención arbitraria y discriminatoria podrían constituir crímenes internacionales, particularmente crímenes de lesa humanidad. El gobierno chino rechazó estas conclusiones y defendió sus políticas como medidas de seguridad y prevención del extremismo. Corresponde distinguir una evaluación de derechos humanos de una sentencia penal internacional, pero esa diferencia tampoco puede utilizarse para desestimar automáticamente los hallazgos documentados.

Lo verdaderamente importante es comprender que ningún resultado económico debería otorgar inmunidad política a un gobierno. Un Estado puede reducir la pobreza, desarrollar industrias, construir hospitales e impulsar tecnología sin que eso signifique que sus dirigentes deban quedar libres de controles o críticas. La prosperidad no debería convertirse en una justificación para restringir permanentemente la participación política, del mismo modo que la existencia de elecciones no debería permitir que un gobierno democrático administre mal los recursos, limite arbitrariamente derechos o utilice las instituciones para favorecer a sus aliados.

Y aquí quiero ser especialmente claro respecto de los extremos ideológicos. No considero aceptable que, en nombre del socialismo o del bienestar colectivo, un gobierno concentre indefinidamente el poder y debilite las libertades de sus ciudadanos. Pero tampoco considero aceptable que, en nombre de la seguridad, el orden o la defensa del capitalismo, sectores de extrema derecha promuevan restricciones arbitrarias de derechos, discursos discriminatorios o una concentración semejante de autoridad. Los mecanismos de control democrático no son necesarios únicamente frente a un partido comunista. Son indispensables frente a cualquier dirigente que pretenda utilizar el Estado para colocarse por encima de la sociedad.

Porque el problema del autoritarismo no está exclusivamente en la ideología que proclama, sino en su capacidad de impedir que los ciudadanos cuestionen, fiscalicen y sustituyan pacíficamente a quienes ejercen el poder. Podemos tener economías con distinta participación estatal, pero ninguna debería renunciar a la independencia judicial, a la libertad de prensa, a la oposición democrática o a los mecanismos de rendición de cuentas.

El verdadero éxito económico de China: una combinación de Estado y mercado que debemos comprender

Sería un error concentrar todo nuestro análisis en los cuestionamientos políticos e ignorar una de las transformaciones económicas más importantes de la historia contemporánea. China pasó de ser un país con una enorme población rural y niveles elevados de pobreza a convertirse en una potencia industrial, comercial y tecnológica. Y este cambio no ocurrió porque simplemente mantuviera intacto el modelo de planificación económica desarrollado durante las primeras décadas del gobierno de Mao Zedong.

A partir de 1978, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, China emprendió reformas que permitieron ampliar los mecanismos de mercado, incorporar inversiones extranjeras, promover zonas económicas especiales, fortalecer las exportaciones y desarrollar nuevos espacios para la iniciativa privada. Al mismo tiempo, conservó una participación importante del Estado en sectores estratégicos, mecanismos de planificación industrial y una fuerte capacidad de coordinación sobre la inversión y la infraestructura. El resultado fue una transformación que modificó profundamente su posición dentro de la economía mundial.

Según el Banco Mundial, cerca de 800 millones de personas salieron de la pobreza extrema durante las cuatro décadas de transformación económica china. Estamos hablando de uno de los mayores procesos de reducción de pobreza documentados en la historia. Desconocer ese resultado simplemente porque el país está gobernado por un partido comunista sería permitir que nuestras preferencias ideológicas nos impidan comprender una experiencia económica extraordinariamente relevante.

Pero tampoco podemos concluir que esos resultados demuestren la superioridad de un sistema de control político de partido único. China no creció exclusivamente gracias a las empresas estatales, ni solamente porque permitiera actividades privadas. Su transformación estuvo relacionada con la industrialización, la apertura comercial, la infraestructura, la educación, la productividad, la inversión y distintas políticas públicas de largo plazo. Además, algunas de sus condiciones históricas, demográficas e institucionales son difíciles de reproducir en otros países. Atribuir todo el crecimiento a una sola característica del sistema sería simplificar excesivamente una experiencia mucho más compleja.

De hecho, el propio desarrollo chino demuestra las limitaciones de las interpretaciones ideológicas absolutas. Quienes sostienen que únicamente el mercado debe orientar todas las decisiones económicas tendrían dificultades para explicar la importancia de la planificación estatal en determinados sectores industriales e infraestructuras. Pero quienes afirman que solamente el control público puede generar prosperidad tampoco podrían ignorar la enorme expansión de empresas privadas, inversiones extranjeras y mecanismos competitivos que acompañaron las reformas.

Además, China enfrenta problemas que muestran por qué ninguna combinación económica debe considerarse infalible. El Fondo Monetario Internacional señaló en febrero de 2026 dificultades relacionadas con el ajuste del sector inmobiliario, el endeudamiento de gobiernos locales, la debilidad de la demanda interna y la dependencia del crecimiento exportador. También advirtió que determinadas inversiones financiadas mediante deuda y apoyos industriales insuficientemente justificados pueden provocar desequilibrios, exceso de capacidad y una asignación ineficiente de recursos.

Esto demuestra algo que considero fundamental: tanto el Estado como el mercado pueden equivocarse. Una empresa puede abusar de su posición, contaminar o aprovechar fallas regulatorias. Pero una institución pública también puede desperdiciar recursos, financiar proyectos poco rentables o distribuir beneficios por conveniencia política. Por eso no necesitamos elegir cuál de los dos debe controlar absolutamente la economía. Necesitamos instituciones capaces de establecer responsabilidades, corregir errores, garantizar competencia y evaluar resultados.

Y ese es precisamente el punto de partida de la visión económica que considero más conveniente para Ecuador: una economía mixta donde el sector privado pueda invertir, producir, competir e innovar, mientras el Estado cumpla funciones claras de regulación, inversión pública, protección de derechos y corrección de fallas del mercado. No se trata de reproducir el modelo político de China ni de convertir la planificación económica en una autorización para intervenir arbitrariamente sobre la propiedad privada. Se trata de combinar instrumentos útiles, respetar las libertades y evaluar continuamente si las políticas contribuyen al bienestar colectivo.

Ni comunismo autoritario ni capitalismo sin controles: una economía mixta con instituciones democráticas

Durante demasiado tiempo nos han presentado la economía como una confrontación donde únicamente existen dos posibilidades: entregar prácticamente todas las decisiones al mercado o concentrarlas en el Estado. Pero las sociedades modernas necesitan respuestas mucho más inteligentes que esa división. Existen actividades donde la competencia entre empresas puede estimular la innovación, reducir costos y mejorar la calidad de los productos. También existen ámbitos donde la inversión pública, la regulación y las políticas de protección social resultan indispensables porque las decisiones privadas no siempre garantizan servicios esenciales, igualdad de oportunidades o protección del medio ambiente.

Defender una economía mixta no significa colocar arbitrariamente todas las políticas en un punto intermedio entre izquierda y derecha. Significa analizar cada problema y utilizar los instrumentos que resulten más adecuados para resolverlo. Si una actividad económica funciona mediante competencia y reglas claras, no existe razón para que el Estado deba reemplazar innecesariamente a los emprendedores. Pero si encontramos monopolios abusivos, contaminación, ausencia de servicios básicos o inversiones que no generan suficientes beneficios colectivos, tampoco resulta razonable exigir que las instituciones permanezcan pasivas.

Eso también implica rechazar dos formas de radicalización que considero perjudiciales. Por un lado, la idea de que la justicia social requiere necesariamente concentrar la actividad productiva en el gobierno, debilitar la propiedad privada o permitir que el Estado decida arbitrariamente el destino de las empresas. Por otro, la noción de que cualquier regulación representa un ataque a la libertad económica y que la búsqueda de rentabilidad individual siempre producirá, por sí sola, bienestar colectivo. Ninguno de esos extremos ofrece una respuesta suficiente a la complejidad de nuestras economías.

La propiedad privada, la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica son fundamentales para promover inversión y desarrollo. Pero su protección debe coexistir con mecanismos que impidan abusos, privilegios indebidos y daños a terceros. Del mismo modo, la inversión pública y los programas sociales pueden generar beneficios importantes cuando responden a necesidades demostradas, cuentan con financiamiento sostenible y están sujetos a evaluaciones rigurosas. Lo que no debemos aceptar es que el discurso del bienestar colectivo sirva para justificar empresas públicas ineficientes, subsidios permanentes sin resultados o intervenciones que respondan a intereses partidistas.

Aquí también debemos incorporar un componente que considero insuficientemente valorado: el cooperativismo. Las cooperativas de producción, ahorro y crédito, comercialización y servicios pueden permitir que trabajadores, pequeños productores y comunidades unan recursos, compartan riesgos, mejoren su capacidad de negociación y participen directamente en decisiones económicas. No constituyen una solución automática ni están libres de problemas administrativos o financieros, pero representan una alternativa organizativa que puede complementar tanto a las empresas privadas tradicionales como a los servicios públicos.

Imaginemos pequeños agricultores que logran acceder conjuntamente a tecnología, almacenamiento, transporte y mercados internacionales. O asociaciones productivas que trabajan con universidades para desarrollar mejores procesos industriales y aumentar el valor agregado de sus productos. Pensemos también en empresas que reciben incentivos tributarios temporales porque crean nuevos empleos formales, capacitan a sus trabajadores o desarrollan innovación mediante proyectos verificables. Esas políticas pueden generar beneficios públicos si están correctamente diseñadas, pero también deben incorporar controles para evitar que los incentivos terminen convirtiéndose en subsidios a empresas que no cumplen sus compromisos.

Ese debería ser el verdadero objetivo de nuestra política económica: desarrollar capacidades productivas, ampliar oportunidades y conseguir que las inversiones públicas y privadas generen resultados sostenibles. No necesitamos un gobierno que pretenda administrar toda la economía, pero tampoco uno que abandone su responsabilidad de garantizar infraestructura, educación, salud, protección ambiental y condiciones de competencia.

Y aquí considero indispensable hacer otra distinción: la economía mixta que necesitamos debe desarrollarse dentro de una democracia. No basta con combinar empresas públicas y privadas si las decisiones continúan dependiendo de un pequeño grupo político, si la justicia carece de independencia o si los ciudadanos no pueden fiscalizar cómo se utilizan sus recursos. La eficiencia económica y el respeto a las libertades no deberían ser objetivos separados. Por el contrario, las instituciones democráticas deben permitir que las políticas se evalúen, se corrijan y, cuando fracasen, puedan modificarse sin que eso represente una amenaza contra quienes gobiernan.

¿China quiere construir un nuevo orden mundial o ampliar su propia influencia?

Regresando al discurso de Han Zheng, considero que la pregunta sobre las verdaderas intenciones de China debe abordarse sin caer en teorías absolutas. El país ha incrementado considerablemente su influencia comercial, tecnológica, diplomática e industrial. Su Iniciativa de la Franja y la Ruta ha impulsado proyectos de conectividad e infraestructura en numerosas naciones, mientras sus empresas participan en sectores estratégicos como telecomunicaciones, energía, manufactura avanzada y transporte.

No existe evidencia suficiente para afirmar que toda su política exterior forma parte de un plan destinado a imponer mundialmente el comunismo o establecer un gobierno único bajo control de Pekín. Las autoridades chinas han reiterado su respaldo a Naciones Unidas y a diferentes mecanismos multilaterales. Sin embargo, tampoco sería razonable interpretar su creciente influencia como un proyecto completamente desinteresado. Como otras potencias, China busca fortalecer su posición económica y estratégica, ampliar mercados, garantizar suministros y participar en la definición de reglas internacionales.

Ambos objetivos pueden coexistir. China puede contribuir a financiar proyectos útiles para otros países y, al mismo tiempo, obtener beneficios comerciales o diplomáticos. Puede promover una mayor representación internacional de economías emergentes y buscar que esa reorganización también favorezca sus intereses. La existencia de cooperación no elimina las relaciones de poder, de la misma manera que los intereses económicos no convierten automáticamente toda inversión extranjera en una amenaza.

El Banco Mundial ha identificado oportunidades de crecimiento y conectividad vinculadas con la Franja y la Ruta, pero también riesgos relacionados con el endeudamiento, la transparencia contractual, la corrupción y los impactos ambientales. Por eso la respuesta de los países receptores no debería consistir en aceptar cualquier proyecto porque proviene de una potencia que promete desarrollo, ni en rechazarlo automáticamente por diferencias ideológicas.

Necesitamos instituciones nacionales capaces de analizar contratos, comparar alternativas de financiamiento, evaluar riesgos y determinar si una inversión realmente beneficia a la población. Y esta misma exigencia debe aplicarse a proyectos promovidos por empresas estadounidenses, europeas, chinas o de cualquier otro origen.

Porque cambiar una dependencia económica por otra no representa necesariamente una mejora. Un país pequeño no debería verse obligado a elegir entre someter sus decisiones a los intereses de Washington o hacerlo frente a las prioridades de Pekín. Debe construir capacidades para relacionarse con distintos socios, negociar condiciones transparentes y preservar su autonomía institucional.

Por eso considero que el verdadero debate sobre un nuevo orden mundial no debe limitarse a preguntar quién reemplazará a Estados Unidos como principal centro de influencia internacional. También debemos preguntarnos si ese nuevo equilibrio ofrecerá garantías reales a los países menos poderosos y si las instituciones multilaterales serán capaces de resolver controversias sin depender de la voluntad de las grandes potencias.

Un mundo con varios centros de poder puede abrir nuevas oportunidades comerciales y diplomáticas. Pero la multipolaridad no garantiza automáticamente justicia, paz ni democracia. Podríamos terminar en un escenario donde distintas potencias compitan por establecer condiciones sobre países vulnerables. El problema no es solamente cuántos actores concentran poder, sino bajo qué reglas lo ejercen y qué mecanismos existen para impedir los abusos.

¿Y qué podemos aprender de esta discusión en Ecuador?

Mucho más de lo que parece. Durante décadas, Ecuador ha interpretado buena parte de sus decisiones económicas y diplomáticas mediante confrontaciones ideológicas. Cuando un proyecto involucra capital chino, algunos sectores lo presentan como una oportunidad histórica y otros como una amenaza. Algo semejante ocurre con las relaciones comerciales, financieras y políticas con Estados Unidos, Europa y otras potencias. Sin embargo, nuestras decisiones deberían responder a criterios económicos, técnicos e institucionales, no a la simpatía que podamos sentir por un gobernante extranjero.

Podemos mantener relaciones comerciales con China sin adoptar su sistema político. Podemos fortalecer los vínculos con Estados Unidos sin respaldar todas sus intervenciones internacionales o sus decisiones económicas. Podemos aprender de experiencias de bienestar social desarrolladas en Europa sin asumir que debemos reproducir íntegramente sus sistemas tributarios o sus estructuras administrativas. Y podemos promover inversiones privadas sin renunciar a mecanismos públicos de regulación y protección social.

Lo que Ecuador necesita es una estrategia propia de desarrollo. Una política que no cambie completamente cada vez que llega un nuevo gobierno, donde existan objetivos claros, instituciones con capacidad técnica y mecanismos para evaluar los resultados de las inversiones. Nuestro país no debería conformarse con exportar materias primas e importar tecnología indefinidamente. Contamos con universidades, profesionales, emprendedores, trabajadores y productores que podrían participar en nuevas actividades económicas si existieran mejores condiciones para la cooperación y la innovación.

Imaginemos una estrategia industrial donde las universidades trabajen directamente con empresas y cooperativas para desarrollar proyectos de investigación aplicada. Donde existan incentivos para organizaciones que incorporen tecnología, capaciten trabajadores y generen empleo formal. Donde los pequeños productores puedan integrarse en cadenas de valor con mejores condiciones comerciales, y donde los proyectos financiados con recursos públicos estén sujetos a indicadores de productividad, sostenibilidad y beneficios sociales.

También necesitamos una institucionalidad que garantice la participación ciudadana en las decisiones económicas. Las universidades y centros de investigación deberían tener mayores oportunidades para presentar estudios que contribuyan a la formulación de políticas públicas. Las organizaciones productivas, los trabajadores y las comunidades deben disponer de mecanismos efectivos para participar en discusiones que afectan sus actividades. Y los gobiernos deberían explicar con información verificable por qué se elige un proyecto, cuánto costará, qué alternativas fueron consideradas y cuáles son los resultados esperados.

Pero esta participación no puede utilizarse como excusa para debilitar la responsabilidad de las autoridades. Los gobernantes deben tomar decisiones dentro de sus atribuciones y responder por ellas. La ciudadanía, a su vez, necesita instituciones capaces de fiscalizar, investigar irregularidades y exigir correcciones cuando existan incumplimientos. Una democracia no debería limitarse al acto de votar cada cierto número de años, sino permitir que las personas conozcan y evalúen cómo se administra el poder durante todo el período de gobierno.

Y aquí volvemos a la lección central que podemos extraer de China. Su experiencia demuestra que la planificación industrial, la infraestructura y la inversión productiva pueden contribuir a transformaciones económicas extraordinarias. Pero sus controversias políticas nos recuerdan que el desarrollo material no sustituye las libertades individuales ni los controles independientes del poder.

Ecuador debe ser capaz de estudiar esas experiencias sin copiar sus mecanismos autoritarios. Necesitamos un Estado técnicamente preparado, pero no un gobierno que pueda intervenir arbitrariamente sobre empresas, controlar las opiniones de los ciudadanos o debilitar a sus opositores. Necesitamos empresarios capaces de innovar y competir, pero no grupos económicos que obtengan privilegios mediante su influencia política. Y necesitamos organizaciones cooperativas que generen oportunidades para sus miembros, pero que también respondan a normas de transparencia y administración responsable.

No se trata de buscar una fórmula mágica ni de afirmar que las economías mixtas producen automáticamente prosperidad. Se trata de construir un sistema institucional donde las políticas puedan evaluarse según sus resultados, donde los errores puedan corregirse y donde ningún sector tenga autorización para actuar por encima de los demás.

El verdadero progreso no consiste en concentrar más poder, sino en construir instituciones que sepan limitarlo

Quiero terminar regresando al discurso que motivó esta reflexión. Han Zheng habló de cooperación, paz, desarrollo compartido y respeto entre civilizaciones. Son principios que merecen atención independientemente del país o del dirigente que los pronuncie. Pero la historia del Tíbet, las tensiones con Taiwán, las controversias marítimas y las restricciones políticas documentadas dentro de China nos recuerdan por qué es indispensable contrastar cualquier declaración con las decisiones concretas de quienes gobiernan.

Al mismo tiempo, su transformación industrial, tecnológica y económica demuestra que sería un error ignorar todo lo que China ha conseguido por nuestras diferencias con el Partido Comunista. Podemos reconocer sus logros y cuestionar sus abusos. Podemos estudiar sus políticas de desarrollo sin defender su estructura de partido único. Y podemos exigir respeto al derecho internacional sin asumir que Estados Unidos o las demás potencias occidentales siempre han actuado de manera coherente con esos principios.

Pero quiero insistir en una idea que considero fundamental para La Voz del Pueblo: esta crítica no representa un respaldo a la extrema derecha ni una invitación a radicalizarnos en contra de China o de cualquier otra nación. Tampoco constituye una defensa de la extrema izquierda, del control absoluto del Estado sobre la economía ni de sistemas donde las libertades individuales se subordinan permanentemente a las decisiones de una autoridad política.

No necesitamos esa confrontación para construir mejores sociedades. La historia demuestra que tanto gobiernos identificados con la izquierda como administraciones de derecha han impulsado políticas útiles y también han cometido errores graves. Lo que debemos evaluar no es solamente la etiqueta ideológica, sino la calidad de las instituciones, los resultados económicos, la protección de derechos y la capacidad de corregir decisiones equivocadas.

Podemos defender la empresa privada sin justificar sus abusos. Podemos reconocer la importancia de la inversión pública sin convertir al Estado en administrador absoluto de la economía. Podemos promover políticas de protección social sin renunciar a la responsabilidad fiscal. Y podemos fortalecer la seguridad sin permitir que el miedo sea utilizado para restringir arbitrariamente las libertades de la ciudadanía.

El cooperativismo también tiene un papel importante dentro de esa visión. No solamente como una forma de organización económica, sino como un principio de convivencia que nos recuerda que el desarrollo requiere colaboración entre personas con intereses, profesiones y perspectivas diferentes. Los trabajadores, empresarios, investigadores, agricultores, comunidades y autoridades no tienen por qué convertirse en adversarios permanentes. Sus relaciones pueden organizarse mediante reglas que faciliten la cooperación, permitan resolver conflictos y generen beneficios compartidos.

Quizá hemos dedicado demasiado tiempo a discutir cuál ideología debería imponerse y muy poco a preguntarnos qué condiciones necesita una sociedad para garantizar una vida digna a sus habitantes. Seguimos enfrentando capitalismo contra socialismo, mercado contra Estado y derecha contra izquierda, como si las respuestas a nuestros problemas tuvieran que encontrarse necesariamente dentro de uno de esos extremos.

Pero el desarrollo de un país no debería depender de demostrar que una corriente política tiene razón. Debería depender de su capacidad para generar empleo, mejorar la educación, impulsar la productividad, proteger el medio ambiente, garantizar seguridad y permitir que las personas participen libremente en las decisiones que afectan sus vidas.

Y eso requiere instituciones más fuertes que los dirigentes de turno. Instituciones capaces de regular sin asfixiar la iniciativa privada, de invertir sin desperdiciar recursos, de proteger derechos sin discriminar y de investigar abusos sin importar quién los cometa.

China puede aumentar su influencia internacional. Estados Unidos puede defender sus intereses económicos y estratégicos. Otras potencias continuarán participando en la reorganización del poder mundial. Pero ningún país debería quedar obligado a renunciar a su autonomía ni a sus libertades para formar parte de ese proceso.

Ecuador necesita construir su propio camino mediante cooperación internacional, economías mixtas, innovación, participación ciudadana y respeto a las instituciones democráticas. No tenemos por qué convertirnos en seguidores incondicionales de ningún modelo extranjero ni permitir que nuestras diferencias políticas nos impidan trabajar por objetivos comunes.

Porque, al final, el desafío no debería ser elegir entre el poder de China y el de Estados Unidos, ni entre capitalismo, socialismo o comunismo. Debería ser construir una sociedad donde la economía esté al servicio de las personas, las instituciones limiten los abusos y los ciudadanos puedan exigir cuentas a quienes gobiernan.

No necesitamos una nueva potencia a la que obedecer ni una ideología que nos diga permanentemente quiénes deben ser nuestros enemigos.

Necesitamos más conocimiento, más cooperación, mayor responsabilidad y una ciudadanía dispuesta a analizar los hechos sin renunciar a sus principios.

El verdadero progreso no consiste solamente en construir una nación más poderosa. Consiste en construir una sociedad donde ese poder tenga límites, genere oportunidades y responda ante las personas.

Y quizá ese sea el mensaje más importante que deberíamos recuperar en Ecuador: nuestra unión no necesita surgir de pensar todos de la misma manera, sino de comprender que, incluso desde nuestras diferencias, podemos trabajar juntos para construir un país más justo, productivo, libre y solidario.

Fuentes y referencias

La Voz del Pueblo — La voz del pueblo es la voz de Dios.

Análisis independiente para un Ecuador con más verdad, justicia y mejores instituciones.

Columna de opinión fundamentada en documentos oficiales, investigaciones académicas y fuentes periodísticas. Las valoraciones editoriales se diferencian de los hechos históricos, las posiciones oficiales de los gobiernos y las conclusiones de organismos internacionales.