He estado siguiendo las manifestaciones que están ocurriendo en Francia y hay algo que me preocupa mucho más que los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Una vez más, estamos viendo cómo un conflicto que comenzó con reivindicaciones sociales termina convertido en una confrontación política donde unos responsabilizan a la extrema izquierda, otros denuncian represión gubernamental y, en medio de todo, las demandas originales de los ciudadanos empiezan a desaparecer de la conversación.
Y aquí quiero detenerme en una pregunta que considero fundamental: ¿por qué llegamos al punto en que miles de personas sienten que necesitan paralizar ciudades, enfrentarse a las autoridades o permanecer semanas en las calles para conseguir que sus gobernantes escuchen sus reclamos?
No estoy justificando la destrucción de negocios, los ataques contra policías ni los daños a la propiedad pública y privada. Esas conductas deben investigarse y sus responsables responder conforme a la ley. Pero tampoco podemos reducir una movilización ciudadana a sus episodios más violentos, como si todas las personas que protestan compartieran las mismas intenciones o como si sus demandas dejaran de ser legítimas porque algunos grupos cometen delitos.
Porque una democracia no puede limitarse a garantizar que existan elecciones. También debe garantizar que los ciudadanos tengan herramientas efectivas para participar, cuestionar decisiones y exigir respuestas durante todo el mandato de quienes ejercen el poder.
¿Qué está ocurriendo realmente en Francia?
Las movilizaciones comenzaron a intensificarse durante septiembre de 2026, cuando estudiantes franceses denunciaron el deterioro de las condiciones de sus centros educativos, la falta de profesores y la insuficiencia de recursos para garantizar una educación adecuada. Lo que inicialmente parecía una protesta estudiantil comenzó a extenderse, reuniendo a sindicatos, trabajadores y otros sectores afectados por el incremento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.
El 17 de octubre, Francia vivió una de las jornadas de movilización más importantes de los últimos años. Según las estimaciones difundidas por distintas fuentes, entre 550.000 y 800.000 personas participaron en manifestaciones a escala nacional. Muchos ciudadanos se movilizaron pacíficamente, pero también se registraron saqueos, incendios, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en ciudades como París, Marsella, Lyon y Limoges.
La respuesta gubernamental ha puesto especial énfasis en los actos violentos. El primer ministro, Sébastien Lecornu, atribuyó una parte de los disturbios a grupos de ultraizquierda, mientras que el presidente Emmanuel Macron condenó los ataques y defendió la necesidad de restablecer el orden. Desde la oposición también han surgido cuestionamientos sobre la actuación policial y la responsabilidad del Ejecutivo frente al descontento social.
Y aquí es donde considero que debemos tener mucho cuidado.
Reconocer que existen grupos violentos no significa que todas las manifestaciones sean violentas. De la misma manera, reconocer la legitimidad de una protesta no significa que todos los actos cometidos durante ella deban quedar justificados.
El verdadero problema aparece cuando dejamos de analizar las demandas de cientos de miles de ciudadanos y comenzamos a discutir exclusivamente quiénes son los responsables del desorden. Porque entonces la discusión política se transforma en una confrontación entre bandos, mientras las causas que llevaron a las personas a manifestarse continúan sin resolverse.
Los videos de policías infiltrados y la importancia de investigar antes de acusar
Otro elemento que ha generado controversia es la circulación de videos en los que aparecen personas vestidas de civil durante los enfrentamientos. Algunas publicaciones aseguran que se trataría de policías infiltrados encargados de provocar disturbios para justificar posteriormente una intervención más agresiva contra los manifestantes.
Uno de los casos más comentados ocurrió en Reims, el 2 de octubre, cuando se difundieron imágenes de un hombre vestido de civil que lanzaba un objeto durante una protesta. Posteriormente, el fiscal local confirmó que se trataba de un agente policial y explicó que, según la versión oficial, había lanzado una granada de humo o gas lacrimógeno durante una operación de mantenimiento del orden.
Esto confirma la presencia de un agente vestido de civil en aquel episodio, pero no demuestra que existiera una estrategia deliberada para provocar desmanes y responsabilizar posteriormente a los estudiantes.
Y creo que esa distinción es indispensable.
Si existen indicios de actuaciones policiales indebidas, deben investigarse con independencia, transparencia y acceso a las pruebas. No podemos aceptar que una institución encargada de proteger a los ciudadanos utilice mecanismos ilegales de provocación o manipulación. Pero tampoco debemos convertir una sospecha en una acusación definitiva simplemente porque el video se ajusta a nuestras convicciones políticas.
La misma exigencia de pruebas que aplicamos cuando un gobierno acusa a sus opositores debe aplicarse cuando los manifestantes acusan a las fuerzas del orden.
La institucionalidad que defendemos exige precisamente eso: que nadie esté por encima de la ley y que las responsabilidades se establezcan mediante investigaciones, no mediante discursos políticos.
El verdadero problema: una democracia que escucha demasiado tarde
Aquí llegamos al punto que considero más importante de toda esta discusión.
¿De qué sirve que un ciudadano tenga derecho a elegir a sus gobernantes si después encuentra enormes dificultades para influir en las decisiones que afectan su vida?
Durante las campañas electorales escuchamos promesas de participación, transparencia, bienestar, seguridad y mejores servicios públicos. Los candidatos se acercan a los ciudadanos, escuchan sus necesidades y aseguran que gobernarán para todos. Pero una vez que llegan al poder, muchas decisiones comienzan a tomarse mediante negociaciones políticas, acuerdos parlamentarios y procedimientos en los que la ciudadanía tiene una intervención limitada.
No significa que debamos eliminar la representación política. Las sociedades modernas necesitan instituciones, legisladores, gobiernos y administraciones capaces de tomar decisiones. Pero representar a los ciudadanos no debería significar sustituir permanentemente su voz.
Y lo interesante es que Francia sí dispone de mecanismos formales de participación. Cuenta con una plataforma de peticiones ante la Asamblea Nacional y con un procedimiento de referéndum de iniciativa compartida. Sin embargo, sus condiciones de funcionamiento nos permiten cuestionar hasta qué punto estas herramientas garantizan una influencia ciudadana efectiva.
Una petición que supere las 100.000 firmas obtiene mayor visibilidad institucional, mientras que aquellas que superen las 500.000, bajo determinadas condiciones, pueden llegar a debatirse en sesión pública. Pero ese debate no es automático: depende de decisiones parlamentarias. Incluso una petición con un respaldo considerable puede ser archivada por la comisión correspondiente.
Por otro lado, el referéndum de iniciativa compartida requiere inicialmente el apoyo de una quinta parte de los parlamentarios y posteriormente el respaldo de aproximadamente el 10 % del electorado. No estamos hablando de un mecanismo mediante el cual cualquier grupo de ciudadanos pueda presentar directamente una propuesta y conseguir que esta sea sometida a votación nacional.
Entonces debemos preguntarnos si estamos ante instrumentos que facilitan verdaderamente la participación o ante procedimientos que, aunque importantes, siguen dependiendo en gran medida de la voluntad de quienes ya ejercen el poder.
Porque una democracia que permite expresar desacuerdo, pero no garantiza una respuesta institucional suficientemente clara, corre el riesgo de alimentar la desconfianza.
Y cuando la desconfianza se acumula durante años, las tensiones sociales pueden terminar manifestándose en las calles.
¿Y si la ciudadanía pudiera exigir respuestas antes de llegar a una protesta nacional?
Imaginemos por un momento un sistema donde los ciudadanos puedan presentar propuestas de ley respaldadas por firmas verificadas y donde, una vez alcanzado un umbral razonable de apoyo, el Parlamento tenga la obligación de debatirlas, emitir una respuesta fundamentada y hacer pública su decisión.
Imaginemos también que cada gobierno deba publicar periódicamente el avance real de sus compromisos: cuánto dinero se ha utilizado, qué proyectos se han ejecutado, cuáles están retrasados, quiénes son responsables y qué resultados concretos se han obtenido.
Y que esa información no se encuentre dispersa entre documentos difíciles de interpretar, sino disponible mediante plataformas públicas, accesibles y comprensibles para cualquier ciudadano.
¿Por qué no establecer mecanismos de seguimiento ciudadano con participación de universidades, organizaciones sociales, profesionales independientes y organismos de control? ¿Por qué no permitir que determinadas decisiones públicas de especial trascendencia puedan ser revisadas mediante procedimientos participativos, acompañados de información técnica y garantías constitucionales?
Esto no significa que cada decisión gubernamental deba someterse a una votación popular. Tampoco significa que una mayoría circunstancial pueda eliminar los derechos de una minoría.
Significa que necesitamos instituciones capaces de abrir espacios efectivos de participación, deliberación y control, sin debilitar las garantías democráticas ni la capacidad del Estado para gobernar.
Y aquí aparece otro punto que considero fundamental: la participación ciudadana necesita estar acompañada de conocimiento.
Las universidades deberían desempeñar un papel mucho más importante en la evaluación de políticas públicas. Los proyectos de investigación, los estudios económicos, las investigaciones jurídicas y las propuestas técnicas elaboradas en la academia podrían contribuir a los debates legislativos, mediante mecanismos transparentes de consulta y evaluación.
Porque tampoco podemos construir mejores políticas públicas si sustituimos la investigación por consignas ideológicas o si creemos que reunir miles de firmas convierte automáticamente una propuesta en técnicamente viable.
La participación ciudadana y el conocimiento científico deberían complementarse.
Una lección que Ecuador también necesita comprender
Y aunque estos acontecimientos están ocurriendo en Francia, considero que la reflexión tiene una relación directa con nuestra realidad ecuatoriana.
En Ecuador también hemos vivido movilizaciones, enfrentamientos, paralizaciones y acuerdos que posteriormente generan discusiones sobre su cumplimiento. Muchas veces terminamos atrapados entre quienes consideran que las protestas son la única forma de presionar al gobierno y quienes creen que cualquier paralización representa una amenaza contra el orden.
Pero nuestra propia Constitución reconoce herramientas de democracia directa. El artículo 103 contempla la iniciativa popular normativa, mediante la cual los ciudadanos pueden proponer la creación, reforma o derogación de normas jurídicas con el respaldo de al menos el 0,25 % del registro electoral correspondiente.
También existen mecanismos constitucionales para solicitar consultas populares y participar en otras decisiones públicas.
Por eso sería incorrecto afirmar que carecemos completamente de instrumentos de participación. La pregunta que debemos hacernos es otra: ¿cuántos ciudadanos conocen estos mecanismos, qué tan accesibles son en la práctica y qué resultados reales producen?
¿Tenemos una cultura política que facilite su utilización? ¿Las instituciones explican sus procedimientos de manera comprensible? ¿Los ciudadanos pueden conocer qué ocurrió con sus propuestas? ¿Existen mecanismos efectivos para vigilar el cumplimiento de los compromisos públicos?
Estas preguntas deberían formar parte de una discusión nacional mucho más importante que nuestra permanente confrontación entre izquierda y derecha.
Porque un gobierno puede identificarse con cualquier corriente ideológica y aun así concentrar poder, resistirse a la fiscalización o incumplir sus compromisos.
El problema no se resuelve únicamente cambiando al partido que gobierna.
Se resuelve construyendo instituciones que impidan que cualquier gobernante utilice el poder sin controles suficientes.
La protesta es un derecho; la violencia no debe convertirse en el lenguaje de la democracia
También debemos reconocer algo importante: ningún sistema institucional, por participativo que sea, eliminará todos los conflictos sociales.
Siempre existirán diferencias económicas, culturales, políticas y sociales. Habrá decisiones impopulares, desacuerdos legítimos y situaciones en las que los ciudadanos consideren necesario movilizarse.
Por eso el derecho a la protesta pacífica debe protegerse como una expresión fundamental de la democracia, no como una concesión que los gobiernos puedan otorgar o retirar según su conveniencia.
Las Naciones Unidas han recordado que los actos violentos aislados no convierten automáticamente a toda una manifestación en violenta. También han señalado que las fuerzas del orden deben actuar bajo criterios de necesidad y proporcionalidad.
Esto no elimina la obligación de investigar los saqueos, los incendios ni las agresiones contra policías o particulares. Quienes cometen delitos deben responder individualmente por ellos.
Pero tampoco podemos aceptar que los actos de una minoría sean utilizados para deslegitimar las demandas de todos los manifestantes.
El mismo principio funciona en sentido contrario: una causa social legítima no autoriza a destruir la propiedad de otros ciudadanos ni a utilizar la violencia contra quienes piensan diferente.
El objetivo de una democracia debería ser que las diferencias puedan expresarse, discutirse y encontrar respuestas institucionales antes de convertirse en conflictos de mayor gravedad.
Y para eso necesitamos algo que muchas veces parece faltar en nuestras discusiones: la voluntad de reconocer que el otro también tiene derechos, incluso cuando no compartimos sus ideas.
El poder debe rendir cuentas, no solamente ganar elecciones
No considero que la respuesta a lo que sucede en Francia esté en defender automáticamente a Macron ni en asumir que toda organización de izquierda representa las demandas legítimas de los manifestantes.
El Gobierno debe responder por sus políticas, por el tratamiento de las protestas y por la actuación de las instituciones bajo su responsabilidad. Los dirigentes que apoyan las movilizaciones también deben actuar con transparencia, rechazar la violencia y presentar propuestas que puedan ser evaluadas.
Pero la responsabilidad más importante no debería depender de la identidad política de quienes gobiernan o se oponen al gobierno.
Debería estar definida por instituciones capaces de controlar el poder y garantizar los derechos de todos.
Porque una democracia no se fortalece cuando los ciudadanos tienen que esperar varios años para cambiar a sus representantes y confiar en que los siguientes actuarán de manera diferente.
Se fortalece cuando existen controles permanentes, información pública verificable, mecanismos de participación efectivos y autoridades obligadas a explicar sus decisiones.
Una democracia no consiste únicamente en contar votos. También debe contar con instituciones que escuchen, respondan y permitan corregir decisiones mediante procedimientos legítimos.
Quizá por eso la verdadera pregunta que nos dejan las protestas francesas no sea quién tiene razón entre Macron y la extrema izquierda.
La pregunta más importante es por qué, en democracias con una larga historia institucional, todavía existen tantos ciudadanos que sienten que sus necesidades no están siendo atendidas.
Y, sobre todo, qué podemos hacer para evitar que la frustración social termine convirtiéndose nuevamente en enfrentamiento.
Porque no necesitamos gobiernos incapaces de mantener el orden, pero tampoco sociedades donde reclamar derechos sea interpretado automáticamente como una amenaza.
Necesitamos ciudadanos que puedan exigir, instituciones capaces de responder y autoridades que comprendan que ejercer el poder implica aceptar límites, controles y responsabilidades.
El verdadero desarrollo democrático no debería medirse solamente por la capacidad de organizar elecciones o mantener el orden en las calles, sino también por la posibilidad de resolver nuestros desacuerdos sin recurrir permanentemente a la confrontación.
Y esa es una lección que deberíamos considerar tanto en Francia como en Ecuador.
Porque cuando una sociedad siente que solo puede ser escuchada mediante el conflicto, debemos preguntarnos si los mecanismos de participación están funcionando como deberían.
La respuesta no está en silenciar las protestas ni en justificar la violencia.
Está en construir instituciones donde la voz de los ciudadanos tenga consecuencias reales, donde las autoridades rindan cuentas y donde nuestras diferencias puedan transformarse en soluciones.
Porque elegir a nuestros gobernantes es un derecho. Exigirles que respondan por sus decisiones también debería ser una práctica efectiva y permanente de nuestra democracia.
Fuentes y referencias
- Reuters — Manifestaciones y disturbios en Francia, 17 de octubre de 2026
- Le Monde — Investigación sobre las protestas estudiantiles y las acusaciones contra la izquierda
- Human Rights Watch — Protestas estudiantiles y uso excesivo de la fuerza, 14 de octubre de 2026
- Asamblea Nacional de Francia — Procedimiento oficial de peticiones ciudadanas
- Ministerio del Interior de Francia — Referéndum de iniciativa compartida
- Consejo Nacional Electoral del Ecuador — Resolución que recoge el artículo 103 constitucional
- Naciones Unidas — Declaraciones sobre las protestas estudiantiles en Francia, 9 de octubre de 2026
La Voz del Pueblo | Opinión y análisis institucional | 19 de octubre de 2026.
Nota editorial: las acusaciones de provocación deliberada por parte de policías vestidos de civil no están acreditadas por las pruebas públicas consultadas. Las cifras y circunstancias de las manifestaciones están sujetas a actualizaciones conforme avancen las investigaciones.
