Una movilización puede detener una decisión gubernamental, abrir una negociación y obligar al poder a escuchar. Pero una carretera despejada o un acta firmada no prueban, por sí solas, que un hospital funcione mejor, que una familia salga del endeudamiento o que un productor reciba asistencia. Ahí aparece la pregunta incómoda: ¿cómo transformar la capacidad de protesta en resultados que sobrevivan al conflicto y al gobierno de turno?
Los antecedentes de 2019 y 2022 permiten examinar esa distancia. El conflicto de 2025 añade una advertencia sobre sus costos humanos e institucionales. No todos estos episodios tuvieron las mismas demandas, protagonistas ni desenlaces. Compararlos exige respetar esas diferencias.
Protestar también es participar
La Constitución reconoce en el artículo 66.13 la libertad de asociación, reunión y manifestación. El artículo 98 protege la resistencia frente a acciones u omisiones que vulneren o puedan vulnerar derechos constitucionales. Además, el artículo 95 concibe la participación ciudadana como intervención en decisiones, planificación y control público; el 100 contempla instancias participativas y mecanismos como audiencias, veedurías y observatorios. La participación democrática tiene, por tanto, varias vías. 1
Exigir que una demanda ingrese a una institución no debería convertirse en una condición para escuchar a quien protesta. Tampoco resulta suficiente celebrar la movilización sin discutir cómo ejecutar sus propuestas. Una democracia necesita ambas capacidades: permitir la discrepancia y procesarla con decisiones justificadas, recursos y evaluación.
De la derogación de 2019 a las mesas de 2022
El 14 de octubre de 2019, la Presidencia comunicó que Lenín Moreno había firmado la derogación del Decreto Ejecutivo 883, conforme al diálogo del día anterior con organizaciones indígenas. Anunció también el debate de una nueva disposición. Ese antecedente muestra un resultado concreto de negociación: modificar una decisión del Ejecutivo. No demuestra que quedaran resueltos todos los problemas económicos y sociales que alimentaron el conflicto. 2
En junio de 2022, el pliego de diez demandas de la CONAIE incluyó precios de combustibles y focalización de subsidios, alivio de deudas, condiciones para la producción campesina, empleo, salud, educación y cuestiones territoriales. Era una agenda más amplia que una disputa sobre el precio del diésel. Identificar sus componentes permite debatir cada propuesta, sus beneficiarios y su viabilidad, sin atribuir una motivación única a quienes participaron. 3
El Acta por la Paz del 30 de junio, después de 18 días de movilizaciones, dispuso el cese de las protestas y una negociación de 90 días, con mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El Ejecutivo anunció una reducción total de 15 centavos por galón en diésel, Extra y Ecopaís, junto con compromisos sobre hidrocarburos, minería y consulta previa. 4
El 14 de octubre, el Ministerio de Gobierno informó de 218 acuerdos en diez mesas temáticas. El propio boletín reconoció desacuerdos y límites presupuestarios, legales o de competencia. La firma fue un punto de partida documentado, no una certificación de que los 218 compromisos estuvieran ejecutados. 5
El cumplimiento requiere mirar cada compromiso
El seguimiento oficial del 17 de enero de 2023 registró que cuatro de siete puntos desagregados de la mesa de focalización se habían cumplido y tres seguían en proceso; en banca pública y privada, reportó cinco de seis acuerdos ejecutados. También reconoció dificultades en otras mesas. Son datos atribuidos al Ministerio, en esa fecha y con su clasificación: no equivalen a una evaluación independiente del efecto de cada medida sobre los hogares. 6
Primicias ofreció un contraste el 23 de febrero de 2023: informó que el Ejecutivo registraba documentación de seguimiento para 110 de los 218 temas. Las organizaciones reclamaban falta de resultados sustantivos, mientras el Gobierno defendía los avances. El medio revisó documentos de 30 acuerdos y distinguió entre cumplimiento reportado y progresos principalmente documentales. Ese examen no permite extrapolar un porcentaje definitivo al conjunto. 7
La conclusión prudente es más útil que cualquier consigna: hubo avances y pendientes, con controversias sobre su alcance. Contar acuerdos puede ocultar diferencias enormes. Convocar una reunión, expedir una norma y asegurar un servicio continuo tienen distinta dificultad y distinto valor para la ciudadanía.
Una firma acredita un compromiso; la mejora verificable en la vida de las personas acredita un resultado.
Los costos no caben en una sola cifra
Para el paro de junio de 2022, el Banco Central estimó USD 1.115,4 millones en pérdidas y daños, con asistencia técnica del Banco Mundial: USD 1.104,8 millones correspondían a pérdidas y USD 10,6 millones a daños. La evaluación utilizó una metodología de necesidades posdesastre y comprendió actividades públicas y privadas. Son estimaciones para ese episodio, no una cifra aplicable a cualquier manifestación. 8
El impacto productivo merece atención: también alcanza a trabajadores por cuenta propia, pequeños comercios y productores. Pero una estimación económica no determina la legitimidad de las reivindicaciones ni sustituye el examen de vulneraciones de derechos. Evaluar una política exige considerar tanto sus costos fiscales como sus efectos distributivos; evaluar un conflicto exige, además, reconocer a las personas afectadas.
En su comunicado del 14 de octubre de 2025, la CIDH situó las movilizaciones de ese período en el rechazo al recorte del subsidio al diésel. Recogió denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza, actos violentos atribuidos a participantes y la posición estatal de haber actuado conforme a sus protocolos. Exigió investigar abusos y recordó que la violencia de algunas personas no deslegitima a quienes se manifiestan pacíficamente. El comunicado describe las protestas de septiembre y octubre de 2025. 9
Cinco cambios para que el diálogo produzca resultados
Nuestra propuesta comienza antes de la siguiente crisis: publicar las evaluaciones de impacto de reformas sensibles, explicar alternativas y discutir compensaciones con los sectores afectados. Escuchar no obliga a aceptar cada petición; obliga a responder con argumentos y datos comprensibles.
Segundo, cada compromiso negociado debería identificar autoridad responsable, competencia legal, presupuesto, fecha y producto verificable. Una reforma legislativa debe diferenciarse de una decisión que un ministro puede ejecutar directamente. Prometer lo que depende de otra institución, sin incorporarla al proceso, debilita la confianza desde el comienzo.
Tercero, proponemos un tablero público de seguimiento, descargable y actualizado mensualmente. Cada ficha mostraría el texto original, sus modificaciones, recursos asignados y ejecutados, evidencias y observaciones de las partes. Las categorías deberían separar cumplimiento, avance, retraso y desacuerdo. También deberían distinguir un trámite terminado de un resultado social conseguido.
Cuarto, una revisión con universidades, organizaciones comunitarias y especialistas ayudaría a contrastar evidencias. Su composición y posibles conflictos de interés tendrían que publicarse. Las dirigencias deberían explicar a sus bases lo negociado y las autoridades rendir cuentas sobre ejecución. La representación merece controles, tanto cuando nace del voto como cuando surge de una organización social.
Quinto, conviene acordar procedimientos para resolver discrepancias sin esperar una nueva paralización: plazos de respuesta, mediación y audiencias territoriales. A la vez, los protocolos durante las manifestaciones deben proteger atención sanitaria, personas vulnerables, periodistas y circulación de emergencias. Las denuncias contra agentes estatales o particulares requieren investigación individual y debido proceso, sin culpas colectivas.
El objetivo de estas propuestas es que negociar tenga consecuencias comprobables. La protesta conserva su función de hacer visible un reclamo; las instituciones deben demostrar que pueden convertirlo en una respuesta. El éxito no se mide únicamente por cuántos días vuelve la calma, sino por qué cambia después y quién puede verificarlo.
