Hay algo que me llama profundamente la atención de la política ecuatoriana: nuestra capacidad para indignarnos frente a la corrupción cambia demasiado rápido dependiendo de quién esté involucrado. Cuando una investigación alcanza a un adversario político, exigimos justicia inmediata, condenas ejemplares y transparencia absoluta. Pero cuando las acusaciones afectan a alguien cercano a nuestras preferencias ideológicas, comenzamos a desconfiar de los jueces, cuestionar a la Fiscalía y hablar de persecución política.
Y entonces me pregunto: ¿realmente queremos combatir la corrupción o solamente queremos que la justicia castigue a quienes pensamos que son nuestros enemigos?
El caso INA Papers, que posteriormente dio paso a la investigación judicial conocida como Sinohydro, representa una oportunidad para reflexionar sobre esta contradicción. Durante años hemos escuchado acusaciones, denuncias, declaraciones de expresidentes y enfrentamientos entre sectores políticos, mientras una investigación relacionada con uno de los proyectos de infraestructura más importantes del Ecuador avanzaba lentamente por los tribunales.
Pero hoy ya no estamos hablando únicamente de sospechas. El 28 de agosto de 2026, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó una sentencia condenatoria de primera instancia contra veinte personas por el delito de cohecho, entre ellas el expresidente Lenín Moreno, quien recibió una pena de cinco años de prisión. La decisión puede ser impugnada y no debe confundirse con una condena ejecutoriada, pero constituye un pronunciamiento judicial concreto que tampoco podemos ignorar.
Lo verdaderamente preocupante es que, mientras seguimos debatiendo qué político tiene razón, pocas veces nos detenemos a preguntar cómo pudo desarrollarse una trama de pagos indebidos alrededor de una contratación pública de semejante magnitud y por qué los mecanismos de control no permitieron resolver las irregularidades mucho antes.
De una investigación periodística a un proceso judicial
Para comprender lo ocurrido debemos regresar a los años en que se desarrolló el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair. En 2009, durante la presidencia de Rafael Correa, se adjudicó a la empresa china Sinohydro un contrato cercano a los 1.980 millones de dólares para construir una de las mayores obras de generación eléctrica del país. Lenín Moreno era entonces vicepresidente de la República y formaba parte del mismo proyecto político que posteriormente lo llevaría a la Presidencia.
Este contexto es importante porque permite entender que los hechos investigados no comenzaron durante el gobierno presidencial de Moreno, entre 2017 y 2021. La contratación y las operaciones que después despertaron sospechas se remontan a una etapa anterior, cuando ambos dirigentes compartían responsabilidades dentro del Ejecutivo, aunque con atribuciones institucionales distintas.
En marzo de 2019, la Fiscalía abrió una investigación previa alrededor de Ina Investment Corp., una sociedad constituida en el extranjero que apareció vinculada a denuncias sobre presuntos movimientos de dinero y relaciones empresariales del entorno de Moreno. El caso comenzó a conocerse públicamente como INA Papers y posteriormente avanzó hacia la investigación de pagos relacionados con Sinohydro y el financiamiento de Coca Codo Sinclair.
Según la Fiscalía, el esquema investigado involucró aproximadamente 76,1 millones de dólares en pagos indebidos, equivalentes a cerca del 4 % del valor del contrato. Los investigadores describieron una estructura integrada por empresas, intermediarios, contratos de consultoría y transferencias bancarias que habría permitido distribuir recursos relacionados con la adjudicación y ejecución de la obra.
Entre las empresas examinadas figuraron Recorsa y Comercial Recorsa, utilizadas, según la acusación fiscal, para canalizar parte de los pagos. Durante el proceso se presentaron registros financieros, documentos societarios, contratos, testimonios y pericias, además de información obtenida mediante cooperación penal internacional.
Y aquí aparece una pregunta fundamental: ¿cómo es posible que operaciones financieras de esta magnitud, relacionadas con una contratación pública estratégica, no generaran mecanismos de prevención suficientemente eficaces para impedir que el problema llegara hasta estas dimensiones?
Porque una cosa es que una investigación judicial logre reconstruir operaciones realizadas años atrás y otra muy distinta es que un Estado tenga la capacidad de detectar irregularidades mientras todavía puede intervenir para prevenirlas.
La responsabilidad política no desaparece cuando cambian las alianzas
Existe un elemento del caso que merece una reflexión especialmente cuidadosa. Lenín Moreno llegó a la Presidencia respaldado por Alianza PAIS, la organización política vinculada a Rafael Correa. Posteriormente ambos protagonizaron una ruptura que transformó su relación en una confrontación pública y permanente.
Este enfrentamiento ha condicionado buena parte de las interpretaciones políticas sobre las investigaciones relacionadas con Moreno. Sin embargo, considero que existe un error cuando intentamos comprender un proceso judicial únicamente desde las disputas entre dos dirigentes que anteriormente compartieron un proyecto político.
El caso Sinohydro investiga operaciones vinculadas con decisiones adoptadas durante el gobierno de Correa. Ese es un hecho relevante para examinar la responsabilidad política y los mecanismos de supervisión de aquella administración. Pero también debemos establecer una distinción indispensable: que una contratación se haya realizado durante un gobierno no significa que todos sus integrantes sean penalmente responsables de los delitos asociados a ella.
Rafael Correa no figura entre las veinte personas condenadas en primera instancia dentro de esta causa. Atribuirle conocimiento o participación personal en los sobornos sin evidencia suficiente sería convertir una sospecha política en una afirmación de responsabilidad penal.
Sin embargo, la ausencia de una condena contra un determinado gobernante tampoco elimina la necesidad de examinar cómo funcionaron las instituciones durante su administración, qué controles existían y quiénes debían supervisar las decisiones relacionadas con grandes proyectos públicos.
Y ese mismo criterio debe aplicarse al propio Moreno, a su gestión presidencial y a todos los gobiernos posteriores.
Porque la responsabilidad política no debería depender únicamente de que exista una sentencia penal. Los funcionarios también deben responder públicamente por sus decisiones, por los mecanismos de control que administraron y por las explicaciones que ofrecieron cuando aparecieron irregularidades.
No se trata de repartir culpas sin pruebas. Se trata de comprender que la rendición de cuentas es más amplia que el proceso penal y que ningún gobierno debería quedar fuera del escrutinio ciudadano.
¿Qué ha determinado realmente la justicia?
El proceso judicial atravesó varias etapas antes de llegar a la decisión de agosto de 2026. En marzo de 2023, la Fiscalía formuló cargos contra Lenín Moreno y otras personas por su presunta participación en el delito de cohecho. Después de las investigaciones y actuaciones procesales correspondientes, veintiún personas fueron llamadas a juicio en diciembre de 2025.
El juicio comenzó en mayo de 2026 y se desarrolló durante treinta y una jornadas. La Fiscalía presentó testimonios, pericias y documentación financiera para sostener su acusación, mientras las defensas cuestionaron diferentes aspectos de la reconstrucción de los hechos y la responsabilidad atribuida a sus representados.
Finalmente, el tribunal declaró responsables de cohecho a veinte procesados. Entre los sentenciados se encuentran Lenín Moreno, integrantes de su entorno familiar, intermediarios, empresarios y personas vinculadas con la compañía contratista. Las penas fueron individualizadas según la participación establecida por los jueces.
La resolución también contempló reparaciones económicas individualizadas que, en conjunto, superan los 163 millones de dólares. Es importante señalar que ordenar una reparación no significa que esos recursos ya hayan sido recuperados por el Estado.
La defensa de Moreno ha sostenido que el exmandatario no participó en la trama de cohecho y ha cuestionado la interpretación de las pruebas. Después de conocerse la condena también se anunciaron acciones para impugnar las decisiones judiciales. El 22 de septiembre, el tribunal negó solicitudes de suspensión condicional de la pena presentadas por varios sentenciados.
Con la información pública verificada hasta el 19 de octubre de 2026, no se ha corroborado una resolución definitiva de los recursos que convierta la sentencia de primera instancia en ejecutoriada.
Esta precisión es indispensable. La justicia debe comunicar con claridad qué ha determinado, cuáles son los recursos disponibles y cuándo una resolución adquiere firmeza. No podemos presentar una acusación como si fuera una condena, ni una sentencia impugnable como si el proceso estuviera definitivamente concluido.
Pero tampoco podemos desconocer una decisión judicial únicamente porque sus conclusiones resulten incómodas para nuestras preferencias políticas.
Diana Salazar, las acusaciones políticas y la independencia de la Fiscalía
Otro aspecto que ha generado controversia es la actuación de la Fiscalía General del Estado y, particularmente, las críticas dirigidas contra Diana Salazar, quien asumió el cargo en abril de 2019 y lo dejó en mayo de 2025.
Durante su gestión se investigaron casos de alto impacto relacionados con corrupción y delincuencia organizada. Sus actuaciones recibieron reconocimiento de determinados sectores y fuertes cuestionamientos de otros, especialmente de dirigentes vinculados al correísmo, quienes la acusaron de actuar con motivaciones políticas.
Estas acusaciones deben examinarse con rigor. Una Fiscalía independiente no puede convertirse en una herramienta para perseguir adversarios, pero tampoco puede dejar de investigar a una persona porque pertenece a un movimiento político o porque el proceso podría beneficiar electoralmente a sus opositores.
La única forma seria de resolver estas controversias es mediante pruebas, procedimientos transparentes, controles judiciales y decisiones debidamente motivadas.
Además, conviene recordar que la investigación de INA Papers comenzó en marzo de 2019, antes de que Salazar asumiera formalmente la dirección de la Fiscalía. Las acusaciones contra Moreno avanzaron durante su gestión, mientras que el juicio y la sentencia de 2026 ocurrieron después de su salida del cargo.
Reducir todo el proceso a la figura de una sola fiscal, para elogiarla o responsabilizarla políticamente, significa desconocer la intervención de investigadores, fiscales posteriores, peritos, defensores y jueces.
Y aquí aparece una contradicción que deberíamos superar: no podemos exigir independencia judicial solamente cuando una investigación afecta a nuestros adversarios. Tampoco podemos denunciar persecución política automáticamente cada vez que la justicia investiga a una figura con la que simpatizamos.
Si existen pruebas de manipulación de expedientes, interferencias indebidas o actuaciones ilegales de funcionarios judiciales, deben investigarse. Pero esas afirmaciones requieren evidencia, no solamente declaraciones difundidas en redes sociales.
Porque la justicia pierde credibilidad cuando parece depender de las preferencias políticas de quienes la interpretan. Y sin credibilidad judicial, resulta imposible construir instituciones capaces de generar confianza entre los ciudadanos.
El verdadero costo de la corrupción no termina en una sentencia
Cuando escuchamos hablar de 76 millones de dólares en presuntos pagos indebidos, podemos perder de vista algo fundamental: detrás de esos recursos existe una sociedad que necesita hospitales, escuelas, infraestructura y oportunidades de desarrollo.
No podemos afirmar automáticamente que cada dólar investigado corresponda a una cantidad determinada de obras que dejaron de realizarse. Tampoco debemos confundir los presuntos sobornos con el costo total del proyecto o con las reparaciones ordenadas judicialmente.
Pero sí podemos reconocer que la corrupción en la contratación pública puede encarecer las obras, distorsionar la competencia y provocar que las decisiones no respondan exclusivamente a criterios técnicos o al interés general.
El proyecto Coca Codo Sinclair también ha sido objeto de observaciones relacionadas con problemas constructivos y fisuras detectadas en sus instalaciones. Estas cuestiones requieren evaluaciones técnicas y responsabilidades específicas; no constituyen, por sí mismas, pruebas del delito de cohecho juzgado en Sinohydro.
Sin embargo, la existencia de diferentes controversias alrededor de una misma obra permite plantear una discusión sobre la calidad de los procesos de contratación, fiscalización y supervisión de los grandes proyectos nacionales.
Porque no basta con inaugurar una infraestructura y presentarla como símbolo de desarrollo. Es necesario conocer cuánto costó realmente, bajo qué condiciones fue contratada, cómo se ejecutó, qué problemas surgieron y cuáles fueron los resultados obtenidos para la ciudadanía.
Una obra pública no debería evaluarse únicamente por su tamaño, por el discurso del presidente que la inauguró o por la cantidad de fotografías utilizadas durante su construcción.
Debería evaluarse por su utilidad, sostenibilidad, calidad técnica, transparencia y beneficios para la sociedad.
Y cuando existe una investigación judicial, debemos poder conocer los hallazgos y las responsabilidades sin que la información quede atrapada entre acusaciones partidistas.
¿Cómo evitamos que esto vuelva a suceder?
Creo que el debate sobre INA Papers y Sinohydro debería ir mucho más allá de celebrar una sentencia o defender a un expresidente.
La pregunta central es cómo construir instituciones capaces de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción sin depender de la voluntad política del gobierno de turno.
En primer lugar, necesitamos que los grandes contratos públicos puedan examinarse de principio a fin. La ciudadanía debería tener acceso a información organizada sobre adjudicaciones, financiamiento, modificaciones contractuales, desembolsos, fiscalización, entregables y recepción de obras. No basta con publicar miles de documentos aislados si resulta prácticamente imposible reconstruir cómo se tomó una decisión.
En segundo lugar, necesitamos controles más rigurosos sobre empresas intermediarias, consultorías y servicios de representación vinculados con contratos estatales. Cuando se pagan millones de dólares por determinados servicios, deben existir documentos que permitan verificar qué trabajo se realizó, quién lo ejecutó, qué beneficio produjo y por qué se justificó su remuneración.
En tercer lugar, la Contraloría, los organismos de contratación pública, las instituciones financieras competentes y la Fiscalía deben contar con capacidad técnica y mecanismos de coordinación para identificar riesgos oportunamente. Las alertas no deben convertirse automáticamente en acusaciones penales, pero tampoco deberían archivarse sin una revisión documentada.
También considero indispensable incorporar de manera más activa a las universidades, centros de investigación y organizaciones ciudadanas en la evaluación de políticas públicas. Los grandes proyectos nacionales deberían estar abiertos al examen de especialistas independientes, utilizando metodologías verificables y protegiendo la información legalmente reservada.
Finalmente, necesitamos una justicia que informe con claridad sobre sus decisiones, los recursos presentados, el estado de los procesos y el cumplimiento efectivo de las reparaciones ordenadas. Una condena que tarda años en llegar y cuya ejecución resulta difícil de comprender no representa por sí sola la solución completa al problema de la corrupción.
Estos mecanismos no eliminarían todos los delitos, pero permitirían reducir oportunidades de abuso, mejorar la detección temprana de irregularidades y fortalecer la confianza pública.
Porque el objetivo de una buena institucionalidad no debería limitarse a castigar después del escándalo. También debe impedir que el escándalo ocurra.
Ecuador necesita menos lealtad a los políticos y más lealtad a sus instituciones
Y aquí quiero regresar al punto con el que comenzamos.
En Ecuador nos hemos acostumbrado a organizar nuestras discusiones políticas alrededor de personas. Algunos defienden a Rafael Correa, otros a Lenín Moreno, otros a determinados fiscales, jueces o gobiernos. Y muchas veces terminamos interpretando cada nueva investigación como una victoria o una derrota de nuestro sector político.
Pero las instituciones no deberían funcionar para confirmar nuestras preferencias.
Un ciudadano puede reconocer políticas públicas que considera acertadas durante un gobierno y, al mismo tiempo, exigir que se investiguen las irregularidades cometidas durante esa administración. También puede cuestionar las decisiones de un expresidente sin asumir que todas las acusaciones en su contra son verdaderas.
Del mismo modo, es posible reconocer avances en la investigación de la corrupción y exigir que fiscales y jueces respondan por sus propias actuaciones cuando existan elementos que justifiquen una investigación.
No necesitamos convertir a los políticos en figuras intocables ni a los operadores judiciales en autoridades inmunes al escrutinio.
Necesitamos instituciones que funcionen precisamente cuando sus decisiones resultan incómodas para quienes tienen poder.
Porque la corrupción no debería evaluarse según la ideología de quien la comete. La responsabilidad de un funcionario no cambia porque se presente como socialista, liberal, conservador o defensor de cualquier otra corriente política.
Y tampoco podemos permitir que las rivalidades entre expresidentes sustituyan el análisis de los hechos.
Si queremos una sociedad más justa, debemos comenzar a exigir a todos los gobiernos los mismos estándares de transparencia, responsabilidad y respeto al Estado de derecho.
El caso INA Papers y Sinohydro nos recuerda que una contratación pública puede convertirse, muchos años después, en un complejo proceso judicial que involucra a funcionarios, empresarios, intermediarios y familiares. También nos muestra por qué la investigación, las garantías procesales y la rendición de cuentas deben avanzar juntas.
Pero la reflexión más importante no debería ser únicamente quién terminó condenado o qué movimiento político resulta afectado por la sentencia.
Debería ser por qué nuestras instituciones tuvieron tantas dificultades para controlar oportunamente operaciones vinculadas con recursos públicos y qué debemos cambiar para evitar que historias semejantes se repitan.
Porque el verdadero triunfo de Ecuador frente a la corrupción no será que termine condenado un político al que detestamos, ni que resulte absuelto otro al que admiramos.
Será construir un país donde nadie pueda utilizar el Estado para obtener beneficios indebidos, donde las investigaciones se desarrollen con independencia y donde los ciudadanos puedan confiar en que la ley se aplica con las mismas garantías para todos.
La justicia no debe tener partido político. La corrupción no debe encontrar refugio en ninguna ideología. Y el poder público nunca debería estar por encima de los ciudadanos que lo han confiado a sus representantes.
Ecuador no necesita políticos que sean defendidos a cualquier precio. Necesita instituciones que no puedan ser compradas, manipuladas ni utilizadas para proteger privilegios.
Y quizá ese sea uno de los cambios más importantes que debemos hacer como sociedad: dejar de preguntarnos a quién debemos defender y comenzar a preguntarnos qué principios estamos dispuestos a exigir, incluso cuando afectan a quienes alguna vez apoyamos.
Fuentes y referencias
- Fiscalía General del Estado — Cronología oficial del caso Sinohydro.
- Fiscalía — Sentencia contra veinte personas por cohecho, 28 de agosto de 2026.
- Fiscalía — Presentación de pruebas durante el juicio, 17 de junio de 2026.
- El Universo — Responsabilidad determinada en primera instancia contra Lenín Moreno.
- Ecuavisa — Argumentos de la defensa durante el juicio.
- El Universo — Recursos anunciados contra las decisiones judiciales.
- Observatorio Anticorrupción — Antecedentes de INA Papers.
- EFE — Salida de Diana Salazar de la Fiscalía en mayo de 2025.
La Voz del Pueblo | Columna de opinión y análisis institucional.
Nota editorial: información contrastada hasta el 19 de octubre de 2026. La sentencia mencionada corresponde a primera instancia. Las interpretaciones políticas están diferenciadas de las decisiones judiciales y no se atribuyen responsabilidades penales a personas que no fueron condenadas en esta causa.
