Hay algo que me resulta profundamente preocupante de las manifestaciones que estamos presenciando en Francia. Mientras miles de estudiantes, trabajadores y ciudadanos salen a las calles para exigir una mejor educación, salarios dignos y respuestas ante el deterioro de sus condiciones de vida, aparecen dirigentes políticos que intentan explicar toda esta crisis responsabilizando a los inmigrantes. Como si los problemas económicos y sociales de una nación pudieran reducirse al lugar donde nacieron las personas que hoy viven en ella.
Donald Trump ha aprovechado los acontecimientos recientes para relacionar los disturbios franceses con la inmigración y advertir sobre los supuestos peligros que representa para las sociedades occidentales. Determinados sectores de la derecha nacionalista europea han utilizado también las imágenes de incendios, saqueos y enfrentamientos para cuestionar las políticas migratorias y presentar la diversidad cultural como una amenaza. Pero ¿qué relación demostrada existe entre las demandas de los estudiantes, el incremento del costo de vida, la precariedad de los servicios públicos y la nacionalidad de quienes participan en las manifestaciones?
Y aquí quiero establecer desde el comienzo una posición muy clara: cuestionar estos discursos no significa que debamos adoptar las propuestas de la extrema izquierda, justificar cualquier manifestación violenta o defender un Estado que controle todos los aspectos de la economía y de la sociedad. Tampoco significa que debamos negar los desafíos reales de la inmigración. Significa que tenemos la obligación de examinar los hechos, identificar las responsabilidades y evitar que nuestras preferencias ideológicas terminen sustituyendo a la razón.
Porque quizá uno de los mayores problemas de nuestro tiempo sea precisamente ese: nos hemos acostumbrado tanto a discutir entre izquierda y derecha que olvidamos preguntarnos qué políticas funcionan realmente, qué instituciones necesitamos y cómo podemos garantizar que el desarrollo de una nación beneficie a quienes viven en ella.
Francia: una crisis social que no comenzó en sus fronteras
Para comprender lo que está sucediendo debemos regresar al origen de las movilizaciones. Durante septiembre y octubre de 2026, estudiantes franceses comenzaron a protestar por las condiciones de sus instituciones educativas, la falta de profesores y las dificultades para acceder a una educación pública adecuada. Posteriormente, el descontento se extendió hacia sindicatos, trabajadores y otros sectores preocupados por el costo de vida, los salarios y las decisiones económicas del Gobierno.
El 17 de octubre, cientos de miles de personas participaron en manifestaciones por diferentes ciudades. Según las estimaciones difundidas por Reuters y otros medios, las cifras oscilaron entre aproximadamente 550.000 y 800.000 participantes, dependiendo de las fuentes. Muchas personas se manifestaron pacíficamente, aunque también se produjeron saqueos, incendios, daños a edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Esos actos violentos deben investigarse y sancionarse conforme a la ley. El derecho a protestar no autoriza a destruir negocios, agredir personas ni perjudicar a otros ciudadanos. Pero reconocer la existencia de estos delitos no significa que debamos aceptar cualquier explicación sobre sus causas, ni que podamos responsabilizar a todos los manifestantes por las acciones de determinados individuos.
Lo verdaderamente importante es que Francia enfrenta problemas económicos e institucionales que no comenzaron con estas manifestaciones. El país atraviesa tensiones presupuestarias, dificultades para alcanzar acuerdos parlamentarios y crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad de sus finanzas públicas. A esto se suman las demandas de una población que reclama mejores servicios, oportunidades laborales y respuestas frente al encarecimiento de la vida.
Según el Instituto Nacional de Estadística francés, la pobreza monetaria alcanzó al 15,4 % de la población de la Francia metropolitana en 2024. Estamos hablando de millones de personas que enfrentan dificultades económicas dentro de una de las principales economías desarrolladas del mundo. Al mismo tiempo, las restricciones presupuestarias complican la capacidad gubernamental para incrementar el gasto social sin agravar el endeudamiento.
Entonces debemos preguntarnos: ¿de verdad podemos explicar estas dificultades afirmando que existen demasiados extranjeros? ¿Acaso cerrar las fronteras resolvería automáticamente la falta de profesores, la precariedad de ciertos servicios públicos o los problemas de vivienda y empleo?
La respuesta requiere mucha más profundidad. La inmigración puede influir sobre la demanda de determinados servicios y necesita políticas de integración adecuadas, pero eso no convierte a los migrantes en responsables de todos los problemas estructurales de una nación.
Y aquí también debemos cuestionar al Gobierno de Emmanuel Macron. Aunque el presidente francés rechazó las acusaciones de Trump contra los inmigrantes y calificó esas afirmaciones como inaceptables, su administración tiene la obligación de responder por las políticas económicas, educativas y sociales que han generado descontento. Rechazar un discurso xenófobo no elimina las responsabilidades de un gobernante frente a las demandas legítimas de su población.
Porque una democracia no debería conformarse con identificar quién provocó los últimos disturbios. También debería preguntarse por qué tantas personas sienten que sus instituciones no están respondiendo a sus necesidades.
Trump, la extrema derecha francesa y el riesgo de convertir el miedo en una explicación política
Las declaraciones de Donald Trump merecen un análisis particularmente crítico. El presidente estadounidense relacionó los disturbios franceses con la inmigración y presentó los acontecimientos como una advertencia sobre lo que podría suceder en Estados Unidos si sus fronteras no son controladas adecuadamente.
El problema de esta interpretación es que no se ha presentado evidencia suficiente para atribuir las protestas francesas, como fenómeno general, a una población migrante o religiosa. Las reivindicaciones documentadas incluyen educación, costo de vida, salarios y servicios públicos. Incluso cuando las autoridades han identificado a personas vinculadas con actos violentos, eso no constituye una prueba de responsabilidad colectiva de los inmigrantes.
Y creo que aquí existe un riesgo que debemos examinar seriamente. Cuando un dirigente relaciona acontecimientos violentos con una nacionalidad o una religión sin demostrar esa conexión, puede terminar alimentando prejuicios contra personas que no tienen ninguna responsabilidad sobre lo sucedido.
Lo preocupante es que este tipo de explicaciones pueden resultar atractivas precisamente porque son sencillas. Frente a una crisis económica compleja, que requiere reformas institucionales, negociación política, inversión y decisiones presupuestarias difíciles, resulta mucho más fácil presentar a un grupo social como responsable de todos los problemas.
También debemos analizar lo que ocurre dentro de Francia. Marine Le Pen y Jordan Bardella, dirigentes del Reagrupamiento Nacional, han utilizado los disturbios para cuestionar la capacidad del Gobierno de mantener el orden. Le Pen atribuyó parte de la violencia a sectores de la extrema izquierda, mientras Bardella descalificó las movilizaciones al asociarlas con el caos. Al mismo tiempo, el discurso general de su organización mantiene una posición fuertemente restrictiva frente a la inmigración.
Es legítimo que cualquier dirigente exija seguridad, control fronterizo y respeto por las leyes. Una democracia necesita instituciones capaces de proteger a sus ciudadanos y responder frente a delitos reales. Lo que considero problemático es utilizar episodios de violencia para deslegitimar reivindicaciones sociales más amplias o para sugerir que la diversidad cultural representa, por sí misma, una amenaza para la nación.
Pero tampoco podemos dar automáticamente la razón a quienes se encuentran en el extremo opuesto. Determinados sectores de la izquierda radical francesa también han recibido cuestionamientos por sus declaraciones y por su manera de abordar la violencia durante las protestas. Una reivindicación social legítima no convierte en aceptables los saqueos, las agresiones ni la destrucción de propiedad privada.
El derecho a protestar y la obligación de respetar los derechos de los demás deben existir simultáneamente.
Y es precisamente esa la postura que considero necesario defender: no necesitamos elegir entre justificar cualquier actuación gubernamental en nombre del orden o justificar cualquier comportamiento de los manifestantes en nombre de la justicia social.
Necesitamos reglas claras, responsabilidades individuales y una institucionalidad capaz de distinguir entre la protesta legítima, la actuación proporcional de las fuerzas del orden y los delitos que deben investigarse.
Porque cuando todo se reduce a una confrontación entre extremos, la ciudadanía termina perdiendo la capacidad de discutir soluciones concretas.
¿Desde cuándo la identidad de una nación depende de la apariencia de sus habitantes?
He leído publicaciones que aseguran que Francia está perdiendo su identidad porque cada vez es más común encontrar personas de origen africano, familias musulmanas o mujeres que utilizan vestimentas tradicionales de otras culturas. Algunas incluso sugieren que esas personas no deberían considerarse verdaderamente francesas.
Y aquí considero indispensable preguntarnos qué significa realmente pertenecer a una nación.
¿Tener determinada apariencia física? ¿Practicar una religión específica? ¿Descender de una familia que ha vivido durante generaciones en el mismo territorio? ¿O formar parte de una sociedad, respetar sus leyes, contribuir a su desarrollo y compartir sus responsabilidades?
Una persona puede haber nacido en Francia, ser ciudadana francesa, estudiar en sus universidades, trabajar, pagar impuestos y contribuir al bienestar colectivo, aunque sus padres provengan de Marruecos, Argelia, Senegal o cualquier otro país.
Su apariencia, su apellido o sus creencias no deberían convertirla en una ciudadana de menor categoría.
Según el Instituto Nacional de Estadística francés, aproximadamente 7,6 millones de inmigrantes vivían en Francia en 2024, equivalentes al 11,2 % de la población fuera de Mayotte. Alrededor del 34 % de ellos ya había adquirido la nacionalidad francesa. Estas cifras nos recuerdan que la inmigración no es una realidad ajena a la sociedad francesa, sino parte de su composición demográfica.
Pero el debate debe ir todavía más allá de las estadísticas.
Durante miles de años, las poblaciones humanas se desplazaron en busca de alimentos, seguridad, oportunidades y mejores condiciones de vida. Las sociedades contemporáneas son el resultado de procesos históricos de migración, intercambio cultural y transformación.
Nuestros países latinoamericanos reflejan también esa historia. Ecuador se ha construido mediante el encuentro de pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, comunidades mestizas y personas llegadas desde diferentes regiones del mundo.
No tenemos que renunciar a nuestras identidades nacionales para reconocer nuestra humanidad compartida. Podemos conservar nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, comprender que ninguna cultura necesita permanecer aislada para tener valor.
Una nación puede fortalecer su identidad mediante la educación, la cultura, sus instituciones y el respeto a su historia, sin considerar que toda persona extranjera representa una amenaza.
Y aunque existen diferencias jurídicas entre nacionales, residentes, refugiados y otras personas en movilidad humana, esas categorías no deberían utilizarse para negar la dignidad ni los derechos fundamentales de quienes comparten un territorio.
Los migrantes también sostienen economías y construyen oportunidades
Hay otro aspecto que frecuentemente desaparece cuando la inmigración se convierte en un debate ideológico: su contribución económica.
Según el INSEE, entre 2019 y 2024 los trabajadores nacidos en el extranjero contribuyeron con más de una cuarta parte del crecimiento neto del empleo en Francia. Además, las estadísticas muestran que entre quienes llegan existen personas con educación superior y capacidades profesionales que pueden incorporarse a sectores productivos de diferentes niveles de especialización.
No estamos hablando únicamente de mano de obra para ocupaciones de baja remuneración. También existen médicos, investigadores, ingenieros, emprendedores, profesionales especializados y personas con conocimientos capaces de aportar al desarrollo tecnológico e industrial de los países receptores.
Y también existen personas sin educación universitaria que contribuyen mediante su experiencia, su trabajo y sus emprendimientos. Su dignidad no depende de cuánto producen ni del nivel de formación académica que poseen.
La migración puede ampliar la fuerza laboral, estimular el consumo, fortalecer determinados sectores productivos y facilitar el intercambio de conocimientos. Sin embargo, esos beneficios no surgen automáticamente ni se distribuyen de manera idéntica entre todas las regiones y grupos sociales.
La OCDE advierte que los efectos de la migración sobre salarios, empleo y finanzas públicas dependen de factores como la formación de los trabajadores, las condiciones del mercado laboral y la capacidad institucional del país receptor.
Por eso considero equivocado presentar la inmigración como una solución mágica para cualquier problema económico. Pero también resulta incorrecto afirmar que necesariamente empobrece a una nación o que sus habitantes extranjeros representan exclusivamente una carga.
Un país necesita gestionar la migración mediante políticas claras, reconocer las competencias profesionales, combatir la explotación laboral y planificar adecuadamente sus servicios.
Si una ciudad aumenta su población y no amplía sus escuelas, hospitales o infraestructura, existe un problema de planificación que debe resolverse.
Si una empresa utiliza la vulnerabilidad de trabajadores extranjeros para pagar salarios inferiores a los establecidos legalmente, existe un problema de cumplimiento de normas laborales.
Si una persona comete un delito, debe responder individualmente conforme a la ley.
Ninguna de estas situaciones se soluciona responsabilizando automáticamente a millones de personas por compartir una nacionalidad.
Ecuador también necesita mirarse al espejo: la xenofobia no está solamente en Europa
Sería demasiado cómodo criticar los discursos discriminatorios de otros países sin reconocer que dentro de Ecuador también existen comportamientos semejantes.
¿Cuántas veces hemos escuchado que los venezolanos llegan a quitarnos el trabajo, que los colombianos son peligrosos o que determinados delitos ocurren exclusivamente por la presencia de extranjeros? ¿Cuántas publicaciones utilizan la nacionalidad como elemento principal para generar indignación, incluso cuando ese dato no explica realmente el acontecimiento?
Uno de los ejemplos más graves ocurrió en Ibarra, en enero de 2019. Después del femicidio de Diana Carolina Ramírez, cometido por un ciudadano venezolano, se produjeron ataques y expresiones de rechazo contra personas de esa nacionalidad. Según los reportes periodísticos, grupos de manifestantes recorrieron distintos sectores de la ciudad y obligaron a ciudadanos venezolanos a abandonar lugares donde se encontraban alojados.
El crimen debía ser investigado y sancionado con todo el rigor de la ley. Pero ninguna familia venezolana ajena a los hechos tenía por qué responder por lo que hizo el responsable.
Detengámonos a pensar en lo que ocurrió: la indignación legítima ante un femicidio terminó acompañada de hostilidad contra personas inocentes. Un delito individual fue utilizado para alimentar un rechazo colectivo.
Y eso debería preocuparnos profundamente, porque ninguna sociedad puede construir justicia trasladando responsabilidades penales a personas que no participaron en los hechos.
La discriminación tampoco desapareció después de aquel episodio. Una evaluación de necesidades difundida por ACNUR en octubre de 2024 encontró que el 33,9 % de los hogares venezolanos consultados con intención de permanecer en Ecuador había experimentado discriminación durante los doce meses anteriores, principalmente por xenofobia en el trabajo o durante la búsqueda de empleo.
El mismo informe encontró que nueve de cada diez personas económicamente activas de la población encuestada trabajaban en condiciones informales, lo cual revela importantes desafíos de integración y protección laboral.
Estos datos deberían conducirnos a una discusión sobre cómo mejorar nuestras instituciones, no a una confrontación entre trabajadores nacionales y extranjeros.
También debemos recordar a las familias colombianas que han llegado a Ecuador huyendo del conflicto armado, las amenazas y el desplazamiento forzado. Muchas personas no abandonan sus países porque simplemente desean cambiar de residencia. Algunas lo hacen porque permanecer donde nacieron representa un peligro para sus vidas.
Y aquí aparece una contradicción que considero especialmente dolorosa: Ecuador también es un país de emigrantes.
Tenemos padres, madres, hermanos, hijos y amigos viviendo en Estados Unidos, España, Italia y otras naciones. Miles de compatriotas han trabajado durante años lejos de sus hogares, enviando recursos a sus familias y contribuyendo a las economías de los países donde residen.
Cuando alguno de ellos enfrenta discriminación, inmediatamente exigimos respeto. Queremos que no sea juzgado por su nacionalidad, que tenga oportunidades laborales y que sus derechos sean reconocidos.
Pero ¿por qué ese mismo principio parece perder importancia cuando somos nosotros quienes recibimos a personas de otros países?
No podemos reclamar igualdad para nuestros compatriotas en Europa mientras aquí consideramos aceptable rechazar a alguien por su acento, por su origen o por prejuicios asociados con la delincuencia.
Y esto no significa ignorar que Ecuador enfrenta problemas reales de inseguridad, informalidad laboral y dificultades económicas. Significa comprender que las respuestas deben construirse mediante instituciones capaces de identificar responsabilidades, aplicar la ley y generar oportunidades, no mediante generalizaciones contra comunidades enteras.
Ni extrema derecha ni extrema izquierda: necesitamos economías mixtas e instituciones fuertes
Quiero llegar ahora a una cuestión que considero fundamental para comprender la posición editorial que defendemos en La Voz del Pueblo.
Cuestionar los discursos xenófobos de Donald Trump o determinados sectores de la extrema derecha francesa no significa que debamos concluir que el socialismo radical o el comunismo representan la solución para nuestras sociedades.
No comparto la idea de que los problemas económicos puedan resolverse simplemente entregando al Estado el control absoluto de las empresas, restringiendo la iniciativa privada o concentrando todas las decisiones productivas en el gobierno de turno.
Pero tampoco considero razonable defender un capitalismo sin controles, donde determinadas empresas puedan acumular privilegios, abusar de los trabajadores o utilizar su influencia económica para condicionar las decisiones públicas.
Precisamente por eso considero que debemos discutir mucho más seriamente las economías mixtas.
Un sistema donde la empresa privada tenga libertad para producir, invertir, competir e innovar, pero donde el Estado cuente con instituciones capaces de garantizar derechos, impedir prácticas abusivas, promover oportunidades y corregir fallas del mercado.
No se trata de ubicar todas las decisiones en un punto medio entre dos extremos ideológicos. Se trata de evaluar qué herramientas económicas funcionan, para qué objetivos y bajo qué condiciones.
Existen ámbitos donde la competencia empresarial puede generar innovación y eficiencia. También existen actividades que requieren regulación, inversión pública o mecanismos de protección social porque el mercado, por sí solo, no garantiza determinados resultados.
La educación, la salud pública, la infraestructura, la investigación científica, la seguridad y la protección de derechos necesitan instituciones capaces de actuar con continuidad, transparencia y responsabilidad.
Eso no significa que todas estas actividades deban ser administradas exclusivamente por el Estado. Pueden existir diferentes combinaciones de prestación pública, participación privada, cooperación institucional y supervisión, dependiendo de la naturaleza del servicio y de los resultados esperados.
Y aquí aparece una relación directa con la migración.
Una sociedad que recibe nuevos habitantes necesita empresas capaces de generar empleo, instituciones laborales que impidan la explotación, universidades que reconozcan competencias profesionales y gobiernos locales que planifiquen adecuadamente su infraestructura.
La integración de una población migrante no depende únicamente de declaraciones sobre diversidad cultural. También necesita condiciones económicas concretas.
Por eso una política migratoria responsable debería formar parte de una estrategia más amplia de desarrollo productivo y bienestar social.
Un Estado puede establecer procedimientos de ingreso y residencia, exigir cumplimiento de las leyes y garantizar seguridad, sin convertir la nacionalidad en un criterio de sospecha permanente.
Y puede incentivar la contratación formal, la capacitación y el emprendimiento sin crear privilegios injustificados para nacionales o extranjeros.
De hecho, considero que uno de los errores más frecuentes de nuestros debates económicos es enfrentar permanentemente a trabajadores y empresarios, o a ciudadanos nacionales y migrantes, como si sus intereses fueran necesariamente incompatibles.
Una economía saludable necesita empresas competitivas, trabajadores capacitados, instituciones confiables y condiciones que permitan ampliar las oportunidades.
La cooperación entre estos actores puede producir mejores resultados que una confrontación permanente basada en etiquetas ideológicas.
¿Qué políticas concretas podríamos construir en Ecuador?
Nuestro país tiene la oportunidad de aprender tanto de las experiencias de Francia como de otras economías que han desarrollado mecanismos de integración y cooperación entre el Estado, el sector privado y la sociedad.
En primer lugar, necesitamos fortalecer los procedimientos migratorios y laborales para que las personas puedan regularizar su situación cuando cumplan los requisitos legales, incorporarse formalmente al mercado de trabajo y conocer con claridad sus derechos y obligaciones. La irregularidad administrativa no debería convertirse en una oportunidad para la explotación laboral ni para el enriquecimiento de intermediarios.
También considero necesario establecer incentivos para empresas que generen nuevos empleos formales, capaciten trabajadores e inviertan en formación profesional. Pero esos incentivos deben ser transparentes, estar sujetos a resultados verificables y diseñarse de manera que no promuevan discriminación ni contratación precaria.
No necesitamos subsidiar empresas simplemente por existir. Necesitamos identificar qué beneficios públicos producen determinadas inversiones y evaluar si los recursos utilizados realmente generan mejoras en productividad, empleo o desarrollo tecnológico.
Otro aspecto fundamental es fortalecer la relación entre universidades y empresas. Muchas personas migrantes llegan con conocimientos, títulos y experiencias que podrían complementar las capacidades de nuestros profesionales. Al mismo tiempo, nuestras universidades desarrollan investigaciones que pocas veces encuentran una aplicación productiva.
¿Por qué no establecer mecanismos más ágiles para reconocer competencias profesionales, desarrollar programas de capacitación conjunta y vincular proyectos académicos con necesidades reales de la economía?
Esto permitiría aprovechar mejor el capital humano disponible, independientemente de dónde haya nacido una persona, respetando los requisitos profesionales y las normas nacionales correspondientes.
También debemos mejorar la planificación de los servicios públicos en las comunidades que reciben población migrante. Las escuelas, los hospitales y la infraestructura no pueden administrarse ignorando los cambios demográficos. El Estado necesita información confiable y mecanismos de coordinación entre instituciones nacionales, gobiernos locales y organizaciones sociales.
Pero estas políticas deben beneficiar también a las comunidades receptoras. La integración no puede convertirse en una competencia donde unos ciudadanos perciban que reciben oportunidades a costa de otros. Debe diseñarse para ampliar las capacidades de los servicios y las oportunidades del conjunto de la población.
Finalmente, considero indispensable combatir la discriminación mediante educación, aplicación efectiva de las normas laborales y mecanismos accesibles de denuncia. La xenofobia no desaparece únicamente porque una ley la prohíba. También necesitamos instituciones capaces de intervenir cuando una persona pierde una oportunidad laboral, sufre una agresión o enfrenta un trato desigual por su nacionalidad.
Y aquí debemos recuperar un concepto que considero esencial: la cooperación.
No hablo de una cooperación que elimine las diferencias o los intereses legítimos de cada sector. Hablo de comprender que compartimos un territorio, una economía y responsabilidades que requieren coordinación.
El empresario necesita trabajadores preparados y seguridad jurídica. El trabajador necesita empleo digno y protección de sus derechos. El Estado necesita una economía productiva para financiar servicios públicos. Y la sociedad necesita instituciones que garanticen que esa relación no se convierta en un mecanismo de abuso o privilegios.
Es precisamente esa cooperación, acompañada de controles democráticos, la que puede fortalecer nuestras economías mixtas.
El verdadero problema no es quién llega, sino cómo construimos una sociedad capaz de convivir
Quisiera terminar esta reflexión regresando a las imágenes de las protestas francesas.
Detrás de esas manifestaciones hay estudiantes preocupados por su educación, trabajadores que enfrentan dificultades económicas y ciudadanos que exigen respuestas a sus gobernantes. También existen personas que han cometido actos violentos y deben responder individualmente por ellos.
Pero no podemos permitir que toda esa complejidad sea sustituida por una explicación que responsabiliza a los inmigrantes simplemente por su origen.
Tampoco podemos aceptar que las legítimas preocupaciones sobre seguridad sean utilizadas para justificar prejuicios, ni que una causa social sirva para defender comportamientos violentos.
La respuesta debe estar en instituciones que funcionen, en gobiernos obligados a rendir cuentas y en ciudadanos capaces de debatir sin convertir a quienes piensan diferente en enemigos.
Porque la convivencia democrática no exige que todos tengamos las mismas ideas económicas, políticas o culturales.
Podemos discrepar sobre cuánto debe intervenir el Estado, qué impuestos deberían existir, cómo deben regularse las fronteras o cuáles son las mejores políticas sociales.
Lo importante es que esas diferencias puedan discutirse mediante evidencia, procedimientos democráticos y respeto por los derechos individuales.
Y aquí quiero insistir en algo que considero fundamental: no necesitamos seguir atrapados en la eterna discusión sobre si el capitalismo derrotó al socialismo, si la izquierda tiene todas las respuestas o si la derecha representa la única alternativa de desarrollo.
Necesitamos comprender que cada país tiene necesidades diferentes y que las políticas públicas deben responder a esas realidades, no a compromisos ideológicos inamovibles.
Habrá situaciones donde se necesite mayor inversión pública. Otras donde sea necesario reducir obstáculos a la iniciativa privada, fomentar la competencia o mejorar los incentivos para producir.
También habrá momentos donde sea indispensable fortalecer los mecanismos de protección social, garantizar servicios esenciales o intervenir frente a abusos del mercado.
Pero cualquiera de esas decisiones debe respetar las libertades democráticas, la propiedad privada, la igualdad ante la ley y la independencia de las instituciones.
Porque ni el crecimiento económico justifica la concentración ilimitada del poder, ni la búsqueda de justicia social exige eliminar la iniciativa privada.
Y ninguna ideología debería situarse por encima de la dignidad humana.
Cuando pensamos en nuestros compatriotas que migraron buscando una vida mejor, comprendemos que detrás de cada desplazamiento existe una historia personal. Una madre que busca empleo, un padre que quiere ofrecer educación a sus hijos, un joven que desea desarrollar sus capacidades o una familia que necesita escapar de la violencia.
Esas historias no son exclusivas de los ecuatorianos, los venezolanos, los colombianos, los franceses o cualquier otra nacionalidad.
Son historias humanas.
Por eso debemos ser capaces de exigir seguridad y cumplimiento de las leyes sin abandonar la empatía. Defender nuestras instituciones sin caer en el autoritarismo. Promover el desarrollo económico sin olvidar la responsabilidad social. Y reconocer nuestras diferencias culturales sin convertirlas en razones para enfrentarnos.
Una sociedad verdaderamente fuerte no es aquella donde todos sus habitantes piensan igual o tienen el mismo origen. Es aquella que consigue establecer reglas justas para que personas diferentes puedan convivir, trabajar, participar y construir oportunidades.
Una frontera puede determinar dónde comienza la jurisdicción de un Estado. No debería determinar dónde termina nuestra humanidad.
Y quizá ese sea uno de los mayores desafíos de nuestras democracias: dejar de buscar permanentemente enemigos a quienes responsabilizar de nuestros problemas y comenzar a construir instituciones capaces de resolverlos.
Porque Ecuador no necesita más confrontaciones entre izquierda y derecha, entre nacionales y extranjeros, entre empresarios y trabajadores.
Necesita más educación, más cooperación, más productividad, más justicia y mejores instituciones.
El desarrollo de una nación no debería consistir en demostrar que una ideología tiene razón, sino en construir una sociedad donde más personas puedan vivir con libertad, seguridad, dignidad y oportunidades.
Y para conseguirlo debemos comprender algo que parece sencillo, pero que todavía nos cuesta poner en práctica: nuestras diferencias no tienen por qué dividirnos. También pueden convertirse en la mayor fortaleza de una sociedad cuando aprendemos a trabajar juntos.
Fuentes y referencias
- Reuters — Protestas nacionales en Francia, 17 de octubre de 2026
- Associated Press — Declaraciones de Trump y respuesta de Macron, 21 de octubre de 2026
- Associated Press — Verificación de las acusaciones que responsabilizan a los inmigrantes de los disturbios
- Le Monde — Reagrupamiento Nacional y las protestas del 17 de octubre
- INSEE — Población inmigrante en Francia, datos de 2024
- INSEE — Contribución de los trabajadores inmigrantes al empleo europeo, 2019–2024
- INSEE — Pobreza y niveles de vida en Francia
- OCDE — Impacto económico de la migración
- ACNUR — Integración socioeconómica y discriminación contra personas migrantes en Ecuador, 2024
- El Universo — Ataques contra migrantes venezolanos en Ibarra, enero de 2019
- Constitución de Ecuador — Artículos 9, 40 y 283
La Voz del Pueblo | Columna de opinión y análisis institucional | 21 de octubre de 2026.
Nota editorial: el artículo diferencia las declaraciones políticas, los hechos documentados y las interpretaciones editoriales. Las afirmaciones que atribuyen los disturbios franceses a los inmigrantes como colectivo no cuentan con evidencia suficiente en las fuentes consultadas. Las cifras estadísticas corresponden a los períodos indicados.
